La justicia frena una macrogranja aprobada por Feijóo por dañar el medio ambiente y la salud

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado anular la licencia de ampliación de una macrogranja de pollos vinculada a la empresa Coren, en el municipio orensano de Rairiz de Veiga, que duplicó su tamaño con el visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente del Gobierno de Feijóo.

Los jueces alegan que el informe de impacto ambiental en el que se basó el Ejecutivo autonómico para otorgar la autorización no tuvo en cuenta los efectos contaminantes de la explotación, ubicada a escasos metros de una vivienda, sobre los recursos hídricos de la zona.

Tal y como ha publicado Público, la comarca de A Limia es una de las más afectadas por las explotaciones ganaderas intensivas de cerdos y pollos que promueve Coren, uno de los mayores productores de carne del país. Especialmente, por los nitratos derivados de los residuos y purines de los animales, que han contaminado durante años los acuíferos y embalses de la zona.

En el año 2019 la firma Cavirsa Freire, vinculada a Coren, presentó a la Xunta un proyecto para duplicar su capacidad de producción con una nueva nave en la planta que explota en la parroquia de Santa Mariña de Congostro, en Rairiz. La factoría, ubicada junto a una vivienda, produce anualmente alrededor de 290.000 pollos al año en seis ciclos. Tenía una capacidad de 22.932 pollos por ciclo y pretendía pasar a casi 48.000. El informe para la ampliación de la macrogranja ambiental ni siquiera incluía que estaba al lado de una vivienda

La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Xunta autorizó el proyecto y resolvió favorablemente el informe de impacto ambiental, a pesar de que en el documento no se mencionaba la existencia de la citada vivienda y de que no se valoraron los efectos ambientales sobre la salud y calidad de vida que iban a padecer los vecinos como consecuencia de la ampliación.

Los afectados recurrieron alegando que el informe de impacto ambiental en el que la Xunta basó su resolución carecía de valoración alguna sobre «la contaminación atmosférica de la explotación, así como de la exposición de la vivienda en las emisiones por el sistema de ventilación, el almacenamiento del estiércol, las operaciones de carga y descarga y la emisión de partículas y gases tóxicos debido a su proximidad».

«La vivienda va a quedar expuesta a un efecto multiplicador de las emisiones por olores, ruido y riesgo de plagas que viene padeciendo, al duplicarse la producción con la construcción de una nueva nave a escasos metros, significando un grave riesgo para la salud» de las personas y animales, explicaban en su recurso.

Los jueces afirman que la Xunta vulneró el derecho a la salud

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, en una sentencia firmada en noviembre pasado, pero que se ha conocido ahora, estima todas sus demandas y afirma que la Xunta vulneró su derecho «a la salud, la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado».

Los jueces alegan que la ampliación de la explotación «comporta graves riesgos por las emisiones de polvo, partículas, olores y ruidos de la actividad, emisiones de amoniaco y enfermedades transmisibles a los humanos con consecuencias incalculables como estamos teniendo la desgraciada oportunidad de comprobar con los efectos de la covid-19».

Los magistrados advierten de que la Xunta concedió la licencia a pesar de que «la descripción de los aspectos medioambientales que pueden verse afectados por el proyecto y la evaluación de sus efectos carece de rigor, es insuficiente, parcial, incompleta y vaga».

También consideran que la autorización «carece de una justificación adecuada», que no existe tampoco una correcta valoración de las repercusiones de la ampliación de la granja sobre los recursos hídricos de una zona situada «en espacios Red Natura 2000», y que la Xunta vulneró los derechos de los demandantes al no reconocerlos como afectados por el proyecto de Coren y, por tanto, como interesados en el procedimiento de evaluación ambiental.

El secretario general de Podemos Galicia, Antón Gómez Reino, se refirió este jueves a la sentencia y acusó a la Xunta de incumplir «otra vez» la normativa ambiental: «La protección de los ecosistemas gallegos y la salud de las personas no son una prioridad para el Gobierno de Feijóo, para el que sí lo es perpetuar una invasiva ganadería industrial perjudicial para las explotaciones más pequeñas y sostenibles».

«Es lamentable que el PP de Galicia lleve al Parlamento el bulo sobre el ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando es obvio que hacen la vista gorda con las macrogranjas mientras incumplen la legislación ambiental y no protegen la ganadería tradicional gallega», concluyó.