Caso Greenalia: ADEGA rechaza las acusaciones de la patronal eólica, altos cargos del PP en la Xunta y el área de Industria de CCOO Galicia a los jueces por «indecentes» y «antidemocráticas»
El colectivo ecologista considera que tales declaraciones «son una manifestación más de los abusos» y de la política que se está llevando a cabo en Galicia con un proceso de implantación masiva de la energía eólica que está «alineada exclusivamente con los intereses privados de las multinacionales eléctricas y en contra del interés general».
Así, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza ha mafiestado su «estupor» por las acusaciones públicas que tanto representantes de la Xunta como la patronal eólica, la Confederación de Empresarios de Galicia o la Federación de Industria de CCOO Galicia han realizado contra el Poder Judicial, y más concretamente contra el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por haber fallado diversas sentencias contrarias a los intereses de empresas como Greenalia en sus proyectos eólicos Campelo, Bustelo y Monte Toural.
ADEGA se apunta a que esto sucede al tiempo que en los últimos años, desde el PP en la Xunta, antes con Alberto Núñez Feijóo y ahora con Alfonso Rueda, se han recortado los derechos fundamentales de la ciudadanía y se ha establecido una opacidad informativa y una desregulación normativa que van contra el medio ambiente y el derecho de participación pública.
Para la entidad ecologista, los ataques y descalificaciones vertidas por estos entes interesados «le están haciendo un flaco favor a la democracia representativa» al «soprepasar la línea de respeto a la separación de poderes» dado que «carecen de cualquier fundamento o prueba» y ni siquiera rebaten con argumentos jurídicos lo contenido en las sentencias del TSXG que han tumbado proyectos eólicos que no se han desarrollado conforme a derecho.
LAS ENTIDADES SOCIALES ESTÁN SUPLIENDO A LA XUNTA DE GALICIA POR LA DEJACIÓN DE FUNCIONES DE SU EJECUTIVO
Por otro lado la entidad critica con dureza que las descalificaciones del empresariado eólico, altos cargos del PP e incluso el área industrial del sindicato CCOO que las avala no tienen en cuenta que las entidades sociales y ecologistas están apelando «a la legalidad vigente en defensa del medio ambiente y del interés público frente a los abusos de las élites de poder, ejerciendo precisamente una función que le es propia a la Administración pública pero que esta abandonó desde hace tiempo». Por ese motivo, demandan respeto al trabajo y función que están cumpliendo las entidades sociales sin ánimo de lucro que están trabajando activamente en la tarea de proteger su territorio en los últimos años».
ACUSACIONES INFUNDADAS POR PARTE DE LA PATRONAL EÓLICA Y DE QUIENES LA DEFIENDEN
ADEGA muestra igualmente su sorpresa ante las acusaciones a jueces, tribunales y organizaciones ecologistas de crear «inseguridad jurídica» cuando ha sido el propio Ejecutivo del PP en sus distintas épocas, a través de sus reformas legales en 2017 y 2021, el que ha generado el conflicto con la implantación forzosa y sin debate del actual modelo eólico, recortando garantías a nivel de evaluación ambiental y derechos de participación pública a la ciudadanía.
Para finalizar, el colectivo considera que «no hay que olvidar «que algunas de las empresas eólicas están recurriendo a la «estrategia espúrea» de la fragmentación artificial de proyectos con la connivencia del Gobierno del a Xunta, para escapar al control del Estado y de esta forma esquivar las garantías de evaluación ambiental que este proporciona.
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