Salvemos Cabana desmiente a la patronal y reivindica la importante labor de los colectivos y movimientos sociales que a diario luchan en defensa del territorio y contra la instalación irracional de parques eólicos en Galicia
La entidad conservacionista considera que el tejido social y asociativo está jugando «un papel crucial» en la protección y preservación del medio ambiente y llevan a cabo «una importante tarea de sensibilización» en lo referente a la importancia de conservar la naturaleza «como legado a las generaciones presentes y futuras».
Salvemos Cabana ha señalado que contrariamente a lo que defienden organizaciones como la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación Eólica de Galicia (EGA), la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Federación Galega da Construción o el sector industrial de CCOO Galicia, que «de manera incomprensible se ha alineado con la patronal», el actual modelo de desarrollo eólico existente en el noroeste peninsular «no es ejemplar, ordenado ni sostenible».
El colectivo recuerda que, en contraste, el objetivo de las múltiples entidades en defensa del territorio que están operando en Galicia «es unir a las personas que comparte una preocupación común abogando por políticas más justas y sólidas y actuando para que tanto autoridades como empresas adopten unas prácticas más sostenibles promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente».
Para Salvemos Cabana, y aunque «quizás la patronal eólica lo olvide», «las entidades de defensa ambiental desempeñan una tarea fundamental en la protección de ecosistemas y áreas naturales a través de sus acciones de protección, información y denuncia de problemas como la contaminación o la degradación del medio«.
INTERÉS SOCIAL POR DELANTE DEL INTERÉS EMPRESARIAL
El grupo considera, finalmente, que a diferencia de las grandes corporaciones, los colectivos ambientalistas «abogan por un mundo en el que los derechos de las comunidades estén por delante del interés empresarial, las cuentas de resultados de un grupo de accionistas y el negocio privado con ánimo de lucro» actuando «en defensa de la gente más vulnerable que puede ver afectado su modo de vida por la degradación ambiental que provocan determinados proyectos» y no «por capricho» sino «por sentido común y justicia social».
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