La Diputación coruñesa asesta un nuevo golpe a las aspiraciones de Atalaya Mining y Cobre San Rafael para reabrir la mina de Touro
El organismo provincial aprueba por mayoría una moción en la que pide a la a Xunta de Galicia que inste a la empresa Explotaciones Gallegas -actual propietaria de los terrenos de la antigua explotación- a efectuar con carácter previo una restauración ambiental completa de las decenas de kilómetros de cauces fluviales afectados por la contaminación derivada de las filtraciones, algo no contemplado en los planes de la multinacional chipriota y su filial gallega a la hora de promocionar el proyecto de reapertura del complejo.
El texto de la moción presentada por Marea Atlántica y al que ha podido acceder Tercera Información, detalla el como la operación de la mina de cobre -desde 1973 a 1988 por la empresa Riotinto Patiño- dejó una huella ambiental significativa en todos los ríos y arroyos de la zona, contaminando los cauces fluviales con metales pesados y otras sustancias tóxicas y coloreando de naranja y rojo las aguas, que finalmente derivan hacia la cuenca del Ulla y en último término terminan afectando a la ría de Arousa, considerado como uno de los ecosistemas más productivos del mundo.
En casos como el del río Portapego la situación se ha vuelto inasumible por la acumulación de sedimentos de arrastre en el conocido como Lugar do Portaguzo, considerado como uno de los puntos más contaminados del territorio gallego con miles de toneladas de depósitos de lodos tóxicos que se acumulan en una extensa área en el tramo medio del cauce fluvial.
Estas circunstancias ya fueron advertidas recientemente por la Plataforma vecinal Cornado Mina Non, que advirtió que en toda la documentación presentada durante estos últimos años por la filial conjunta de Explotaciones Gallegas y Atalaya Mining para reabrir la mina de Touro «no existe un solo indicio que invite a pensar» que Cobre San Rafael se ha a hacer cargo del que hoy por hoy está considerado como el mayor desastre ambiental de Galicia.
Por eso el colectivo considera que al final el anuncio de la empresa de regeneración de aguas con la instalación de dos plantas de tratamiento supone un ejercicio de «minería para incautos» dado que al encontrarse fuera del contexto de la mina histórica y de la propia concesión el «nuevo» proyecto de Cobre San Rafael ni contempla ni contemplará restauración alguna «para la inmensa afectación superficial y subterránea de la actividad metalífera previa».