Rechazo social a la actuación de CCOO Industria y UGT FICA en Galicia por asumir el relato de la patronal y el PP y poner por delante el negocio del gran capital frente a las comunidades afectadas por los parques eólicos

Para las áreas de industria de CCOO y UGT en Galicia la apuesta por los parques eólicos «no es incompatible con la integración de los proyectos y el respeto medioambiental» pues «para eso está el cumplimiento de las normativas, leyes y reglamentos existentes al respecto. Sin embargo, decenas de entidades sociales y entidades ecologistas han advertido que el actual marco normativo al que aluden los dos colectivos sindicales ha sido diseñado «ad hoc» por el PP desde el Ejecutivo de la Xunta y no son garantes de una protección eficiente a nivel medioambiental además de perjudicar seriamente los intereses vecinales.

Así, tanto la Ley 3/2017, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia como la 9/2021, de simplificación administrativa y apoyo a la reactivación económica, han sido calificadas a nivel social como «leyes de depredación» por los múltiples impactos negativos que conllevan a nivel ambiental y social.

Para entidades como la Asociación de Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), que es la organización ambientalista con mayor número de socios a nivel gallego, estas normativas han sido utilizadas por el PP como un «cajón de sastre» para modificar «por la puerta de atrás» numerosas disposiciones incómodas para el empresariado con la intención de eliminar «inconvenientes administrativos» a costa de las garantías ambientales en territorio gallego y del interés general de la ciudadaníaal reducir los derechos de información y participación ciudadana socavando las competencias municipales, al tiempo que atenta contra la propiedad de la tierra y «consagra un agravio comparativo con privilegios para una casta empresarial».

Las áreas de Industria de la sección gallega de CCOO y UGT señalan, sin embargo, que hay empresas ya implantadas con un alto consumo energético -en clara referencia a Alcoa- cuya competitividad depende del desarrollo de la eólica para obtenerenergía eléctrica a bajo coste, razón por la que, siguiendo al dictado el guión de la patronal y cuestionando las últimas actuaciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) piden «seguridad jurídica» para un sector «que puede traer importantes retornos» para Galicia.

La Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (ACOUGA), que acumula denuncias de vecinas y vecinos afectados por la imposición de parques eólicos por todo el territorio gallego muestra, sin embargo, una realidad bien distinta. Para Manuel Germade, que ha atendido un innumerable número de reclamaciones en la organización de consumo, la patronal eólica y quienes la están respaldando se ha soliviantado «porque los tribunales echan abajo unos proyectos energéticos que no cumplen las leyes», o más bien, las leyes que a estas empresas les gustaría imponer utilizando las herramientas que acostumbran a usar contra los propietarios de las tierras cuando quieren expropiárselas como «mentiras, falta de información, deturpación de la realidad, oscurantismo, miedo, acoso y ataques personales».

El responsable rechaza el ataque de la patronal eólica al TSXG por atender los argumentos razonados de asociaciones ambientalistas y cívicas» y recuerda el hartazgo que desde ACOUGA existe a la forma de proceder de estas empresas «con cientos de contratos que se presentan a propietarios con cláusulas abusivas, avasallando los derechos de la gente, mintiendo en las declaraciones responsables y solicitudes de interés público».

Para CCOO Industria y UGT FICA, «Galicia no puede perder el tren de la eólica» porque «una parálisis de los proyectos en marcha puede suponer la pérdida del liderato industrial en este sector y miles de empleos».

Sin embargo desde ACOUGA apuntan que tanto la patronal eólica como las entidades que apoyan su discurso «no aportan datos reales ni objetivos sobre el empleo» ni están aportando beneficios significativos a los propietarios de los terrenos afectados por sus proyectos pese a estar facturando «cantidades astronómicas».

El propio Banco de España, de hecho, respalda las afirmaciones de entidades sociales y ecologistas al afirmar, en su último informe de expertos sobre el sector, que el impacto de los parques eólicos en las tasas de empleo local es «mayoritariamente no significativo», un factor que consideran debería de tener importantes implicaciones para las Administraciones «en términos de políticas públicas».

En una investigación realizada en profundidad durante un período de 12 años, la entidad financiera concluyó que «las inversiones eólicas tienen efectos muy bajos y estadísticamente no significativos sobre el empleo local durante las fases de construcción y mantenimiento«, pues aunque en estos proyectos trabajan equipos multidisciplinares «lo hacen desde la distancia» con una etapa de construcción que es «relativamente corta» llevada a cabo por contratistas «que a menudo residen en otros lugares y se mudan una vez que el trabajo está terminado». Al final, solo se realiza el mantenimiento del sitio, que «generalmente involucra a trabajadores que mantienen de forma remota varios sitios a la vez» y «no residen permanentemente en el municipio donde se ubica la inversión».

Por ello el informe del organismo regulador apuesta por un modelo «más democrático y equitativo» donde «se promuevan las comunidades energéticas locales, se compense de manera justa a ciudadanía y los ayuntamientos y las personas residentes tengan participación directa en los nuevos proyectos».

Ante estos hechos para ACOUGA, resulta inaceptable que la patronal eólica y sus defensores defiendan sus argumentos de negocio «sin hablar ni un momento de la inseguridad que sufren las pequeñas empresas ganaderas, agrícolas, forestales y del sector primario debido a las políticas ruines y depredadoras» fomentadas desde la Xunta en una actitud de «mansos con los fuertes y duros con los pequeños» en la que «sobra codicia y soberbia» pero falta interés social.

Fuente: rebeldes.info