Greenalia obtiene ganancias millonarias por vender parques eólicos aún sin construir: así funciona el «capitalismo de casino» que defiende la patronal e indigna a las comunidades afectadas por proyectos energéticos en Galicia

En este sentido, este mismo verano Greenalia, la compañía donde ha recalado como alta directiva la ex-conselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato (PP) en una nueva polémica de puertas giratorias, ha vendido a la energética francesa Engie 182 MW renovables de parques eólicos y solares en Galicia y Andalucía, en fase de desarrollo y todavía sin construir. Manuel García Pardo, CEO de la empresa, ha indicado en un comunicado que «los fondos obtenidos por este movimiento se utilizarán para acelerar y consolidar el desarrollo del plan de negocio de Greenalia».

Este comportamiento, que es norma y no excepción entre las grandes energéticas, es equivalente al desarrollado por la multinacional portuguesa EDP Renovables, que acaba de vender a la austríaca Verbund 257 MW de proyectos eólicos en distintas zonas de la península ibérica.

Para la Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana esta suerte de «capitalismo de casino» forma parte de la operativa habitual de estas empresas y demuestra que en último término la situación actual no va de «descarbonización» en la lucha contra el cambio climático ni de «industrialización» para el desarrollo de Galicia ni cualquier otro lugar sino de de «negocio puro y duro».

Para el colectivo, si bien para la patronal eólica «la producción de energía obedece a un interés general público superior» a la vista de hechos semejantes podría decirse que «la especulación con proyectos renovables no obedece en absoluto a interés público alguno sino al deseo de directivos y accionistas de estas empresas de obtener el máximo rendimiento económico en el menor tiempo posible«.

En este punto, recuerdan que el actual modelo de desarrollo eólico existente en Galicia «no es ejemplar ni ordenado ni sostenible» y que debido a los cambios normativos introducidos desde el PP en el Gobierno de la Xunta con las leyes 3/2017, de fomento de implantación de iniciativas empresariales y la 9/2021, de simplificación administrativa, es cualquier cosa menos «garantista» para la ciudadanía por el recorte de derechos que sae han visto en la práctica.

Por este motivo, matizan que las «consecuencias catastróficas» a las que alude la patronal del sector eólico con la presunta «paralización del sector» no son para Galicia «sino para su negocio millonario» y «no ponen en jaque la industria sino sus cuentas de resultados».

Para la entidad ambientalista Galicia necesita, en contraste, un modelo energético «que sea verdaderamente democrático y equitativo, donde se compense de manera justa a los propietarios y al territorio en sí mismo y donde la declaración de utilidad pública no pueda ser utilizada como mazo de herrero por las grandes empresas del oligopolio energético». Solo entonces podrá hablarse de «garantismo» en el proceso, algo que, a su entender, «hoy por hoy no sucede».