La insultante respuesta del Gobierno de Chile al profesorado

Las más de tres semanas en que el Gobierno eludió establecer negociaciones con el magisterio movilizado, no permitían anticipar una contestación completamente satisfactoria. No obstante, la respuesta muestra un desconocimiento casi absoluto de sus demandas, ya sea a través de la dilación en la implementación de las medidas requeridas o mediante la negativa rotunda a ello. Es sobre esta respuesta que el profesorado deberá pronunciarse en una consulta nacional este lunes 1 de junio.

A continuación revisaremos sintéticamente el contenido del documento.

-En cuanto a la exigencia del fin a la doble evaluación docente, el Gobierno ha respondido que elaborará un proyecto de ley, del cual no se especifica las cualidades del modelo de evaluación que ahí presentará.

-Ante la necesidad de que las horas de extensión de los y las docentes sean consideradas en la carga horaria titular, el Gobierno ha comprometido la elaboración de una ley que posibilite este reconocimiento a quienes tenían horas de extensión al 31 de julio de 2018 y pertenecieran a la dotación de una Corporación Municipal, un DAEM (Departamento de Administración de Educación Municipal) o de un Servicio Local de Educación durante tres años continuos o cuatro discontinuos.

Es relevante detenerse en este acápite, en tanto reproduce el tipo de decisión que el 2015 y este 2018 el Ministerio de Educación implementó en los ingresos únicos a planta de docentes hasta ese entonces a contrata con una carga horaria de 20 horas como mínimo y una antigüedad similar a la exigida en esta respuesta. Estas medidas eventuales y exclusivas, no constituyen una política que resuelva el problema de la estabilidad laboral e inducen al profesorado a movilizarse periódicamente por su implementación, solo válida para quienes en tal momento cumplen con los requisitos establecidos para acogerse a tal garantía.

-En los párrafos titulados «Seguridad personal de los docentes», el Gobierno compromete la modificación del Código Penal «para establecer una especial protección a los docentes… que aumenta las sansiones por estas conductas». También se consignan otras medidas tendientes a reforzar la normativa punitiva sin referirse a los fenómenos causales de hechos de violencia que puedan afectar a docentes.

-Para otorgar una mayor transparencia al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, según el documento, se convocará al Colegio de Profesores en calidad de observador del proceso de corrección de evaluaciones. También se anunció la constitución de una mesa para revisar el documento Marco para la Buena Enseñanza y los reclamos de docentes respecto al encasillamiento, lo cual tiene una directa repercusión salarial para cualquier docente. Por otra parte, se ha permitido que se puedan retractar de no haber ingresado al Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

-Respecto a los problemas de agobio y estabilidad laboral, el Gobierno ha accedido a tramitar una modificación reglamentaria destinada a fijar el 30 de noviembre como fecha máxima para citar a docentes durante el periodo de interrupción del año escolar. Respecto al aseguramiento del contrato durante enero y febrero de quienes laboren más de seis meses continuos hasta el mes de diciembre, «se difundirá a nivel nacional la correcta interpretación del artículo 41 bis del Estatuto Docente», que contiene tal garantía.

«Se velará por la fiscalización del cumplimiento de los artículos 25 y 26 del Estatuto Docente». El 25 indica que solo podrán tener contratos a plazo quienes desempeñen labores docentes transitorias o de reemplazo de titulares. El 26 establece que el número de horas de personal a contrata de una dotación municipal no puede ser de más del 20% de las horas totales. Como es evidente, estos dos artículos se han violado sistemáticamente y el cese de ello implica un traspaso a planta masivo e inmediato de gran parte de las dotaciones de docentes, lo cual no es consignado.

-Una de las exigencias más representativas de la movilización ha sido el pago de la bonificación de reconocimiento profesional de educadoras de párvulo y diferenciales, ante lo cual la Ministra aduce «un costo fiscal elevado» para justificar la postergación del análisis de su «pertinencia» para el 2020. Tener en cuenta los sucesivos robos y pérdidas financieras infringidas contra el erario fiscal que han acabado en la impunidad para sus responsables, induce a interpretar esta respuesta como una mofa.

-Aunque parezca inverosímil, existen empleadores que no han cancelan las cotizaciones previsionales a docentes. Es decir, se han apropiado el dinero destinado a este fin y lo han utilizado para otro. Ante este hecho, el Gobierno se compromete a presentar «una iniciativa legislativa que facilite el pago de las cotizaciones previsionales impagas» por sostenedores municipales o Corporaciones municipales. No hay ninguna referencia a asignaciones tampoco pagadas como el Bono SAE.

-Ante la reprobada decisión del Consejo Nacional de Educación de convertir en optativas las asignaturas de Historia y Educación Física en Tercero y Cuarto Medio, el Ministerio ha respondido que se impartirán en las horas de libre disposición (de Jornada Escolar Completa correspondientes a seis horas semanales) y con carácter obligatorio en establecimientos pertenecientes a Servicios Locales de Educación, sin referirse a los que continúan administrados por Corporaciones o Departamentos municipales (DAEM).

-Respecto al desfase existente entre el cumplimiento de años de jubilación de docentes y la entrega de los bonos de incentivo al retiro no hay una respuesta que garantice la resolución de este grave problema. Actualmente, profesoras y profesores deben seguir trabajando hasta tres o cuatro años luego de cumplir 60 o 65, respectivamente, para poder acceder a este bono y así mitigar los efectos de las pensiones miserables entregadas por las AFP. Para esta situación se establecen fechas para la entrega de los bonos adeudados, sin corregir de manera permanente esta falencia.

-La Deuda Histórica sigue sin ser reconocida ni tampoco reparada. Esta se originó en 1981, cuando los establecimientos escolares públicos comenzaron a ser administrados por los municipios de las comunas donde se encontraban. Un tiempo antes, el profesorado junto a las y los trabajadores públicos, habían conseguido un aumento salarial destinado a resarcir el perjuicio sufrido en los años posteriores al Golpe Militar. Según el Observatorio de Políticas Educativas (OPECH), a los y las docentes se les debía incrementar entre un 50 y 90 por ciento su sueldo base, no obstante, cuando se materializó el traspaso administrativo, sus salarios no fueron cancelados de acuerdo a ello, sin que durante el resto de la Dictadura se pudiera reparar este daño.

Los reajustes salariales conquistados por el profesorado ante los gobiernos civiles no recuperaron esta pérdida y muchos docentes, víctimas de esta injusticia, actualmente son pensionados con montos que les imponen una vida de miseria o han muerto en este contexto. El Colegio de Profesores ha informado que el 2009 el Estado emitió un informe donde reconoce esta deuda, sin que ello haya sido suficiente para cancelarla.

-Hay diversos items en los cuales se establece la formación de instancias de discusión entre el magisterio y el Ministerio de Educación, sin embargo estas no auguran ni menos garantizan la resolución de problemas planteados por el profesorado, sobre todo al tener en cuenta el despotismo expresado en el resto de la misiva.