El Partido Democrático de los Pueblos (HDP) pide a la UE y a la ONU que vigilen la situación en las prisiones turcas

En particular, Feleknas Uca y Hişyar Özsoy, subrayaron el caso de Deniz Yıldırım, quien cuyo juicio dura ya más de 4 años.

Yıldırım, según los dirigentes del HDP, «desarrolló un cáncer de colon mientras estaba en prisión y fue operado en enero de 2020. Una gran parte de su intestino grueso fue extirpado; recibió quimioterapia. Además, dio positivo en el test de Covid-19 en marzo de 2020.

Su familia, abogados y el HDP han hecho todo lo posible para llevar el tema a la atención inmediata del Ministerio de Justicia y la Comisión Parlamentaria de Investigación de Derechos Humanos, pero nuestros esfuerzos han sido en vano. La vida del Sr. Yıldırım está en grave peligro. Las autoridades estatales lo han dejado claramente a merced del cáncer y del Covid-19.» 

Los copartícipes pidieron «una vez más que las autoridades del Consejo de Europa -el CPT, el Comisionado para los Derechos Humanos y el Comité de Vigilancia de la APCE, en particular, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de Acción Exterior de la Unión Europea, nuestros partidos hermanos y todas las demás instituciones democráticas y personas que se ocupan de los derechos y la salud de los reclusos en el contexto de la pandemia de COVID-19 vigilen la situación de las cárceles en Turquía, el caso de los reclusos enfermos extremadamente vulnerables en particular, y adopten medidas para proteger sus derechos y su salud».

Antecedentes

Según las organizaciones de derechos humanos y de supervisión de prisiones, las condiciones de las cárceles de Turquía han empeorado con la pandemia. La falta de alimentos sanos, la insuficiencia de materiales de limpieza e higiene, la escasez de agua y la suspensión del tratamiento de los reclusos enfermos siguen siendo problemas comunes en muchas cárceles.

Estos problemas hacen que los reclusos sean aún más vulnerables al Covid-19. El 28 de abril, el Ministerio de Justicia de Turquía declaró que se habían detectado 120 casos de COVID-19 en 4 prisiones diferentes. El 22 de mayo, el Ministerio anunció un total de 82 casos de COVID-19 sólo en la prisión de Silivri, y con un prisionero infectado muerto. El gobierno no ha sido transparente en cuanto al número de casos de COVID-19 dentro y fuera de las prisiones. Pero, basado en los informes de las familias y los abogados, sabemos que COVID-19 se está extendiendo rápidamente dentro de las prisiones turcas.

Desde principios de marzo, el gobierno turco ha estado implementando varias medidas para luchar contra COVID-19 dentro de las prisiones, incluyendo una ley de amnistía especial muy disputada que liberó a unos 90 mil convictos. Si bien contribuyó a reducir significativamente la población carcelaria, esta ley fue injusta y discriminatoria por dos motivos. En primer lugar, excluía categóricamente de su ámbito a todos los presos políticos que se enfrentaban a «cargos relacionados con el terrorismo».

Segundo, como se aplica sólo a los convictos, la ley también excluyó a los encarcelados a espera de juicio. Como han subrayado varias autoridades jurídicas, esta ley viola claramente el artículo 2 (estado de derecho) y el artículo 10 (igualdad ante la ley) de la Constitución de Turquía, así como el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Estas exclusiones impidieron la liberación de unos 50.000 presos más; entre ellos, miles de políticos, parlamentarios, alcaldes kurdos, intelectuales, activistas de derechos humanos, estudiantes, artistas, periodistas y todos los demás presos políticos detenidos o condenados por cargos relacionados con el terrorismo. También hay cientos de presos enfermos que fueron excluidos de la ley de amnistía. 

Según la Asociación de Derechos Humanos, al 31 de marzo de 2020 había 1.564 presos enfermos en toda Turquía; 590 de ellos estaban «gravemente enfermos».

Algunas de estas personas fueron liberadas con la ley de amnistía, pero muchos siguen tras las rejas. Si el prisionero enfermo es un prisionero político acusado de delitos relacionados con el terrorismo, entonces su liberación por razones médicas es casi imposible.

Por ejemplo, a pesar de todos los esfuerzos de sus familiares, abogados y defensores de los derechos humanos, las autoridades turcas se negaron a poner en libertad al preso político kurda Sabri Kaya, que había sido sometido a dos operaciones a corazón abierto y a más de una docena de ataques cardíacos en el pasado. Tuvo otro ataque cardíaco y una hemorragia cerebral el 25 de marzo de 2020.

Fue hospitalizado tres veces, ingresado en la unidad de cuidados intensivos y luego devuelto a la prisión. El Sr. Kaya fue finalmente liberado el 22 de mayo. Murió sólo un par de horas después.