Comisión parlamentaria aprueba informe contra presidente peruano

La Comisión de la Fiscalía del Congreso de Perú, aprobó el jueves el informe que pretende acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por supuestos delitos de corrupción.

Con 9 votos a favor, 3 en contra y una abstención se determinó enviar el informe del caso al Pleno del Congreso quien deberá revisarlo y enviarlo a Fiscalía en caso de estar a favor.

La Comisión de Fiscalización pretende culpar al mandatario por injerencia en ascensos de las Fuerzas Armadas, así como por presuntos delitos criminales, tráfico de influencia y colusión.

Antes de la votación, uno de los parlamentarios declaró no conocer el motivo de la votación ni de “tanto apresuramiento”, mientras que el congresista Pasión Dávila advirtió que tomará “acciones legales” por ignorar su pedido de cuestión previa.

El presidente Pedro Castillo se negó a declarar ante la Comisión que lo acusa de aliarse a los prófugos Bruno Pacheco y Juan Silva que se desempeñaban como exsecretario y exministro de Transportes del Gobierno actual, respectivamente.

Además se le culpa por un caso de corrupción en la obra del puente de Tarará por unos 62 millones de dólares para lo que supuestamente de unió a los lobistas Karelim López y Zamir Villaverde.

Según expresó anteriormente el abogado del presidente Benji Espinoza, «es absolutamente grave que la Comisión de Fiscalización” determine que está probada la participación de Castillo en “actos de corrupción y, por otro lado, recomiende a la Fiscalía de la Nación que lo investigue porque ya lo está investigando”.

“No puede decir, por un lado, que está probado y por otro decir que hay indicios», sentenció y calificó de “absolutamente político” y sin “rigor jurídico” el informe.

El informe final debe enmendar los señalamientos hechos por varios congresistas como Lucinda Vásquez del Bloque Magisterial que pidió ser excluida del documento.

Vale destacar que la defensa de Perú desestimó este jueves un recurso presentado por la defensa de Castillo para anular la investigación judicial preliminar por casos de corrupción.