¿Qué ocurrirá en Perú tras la disolución del Congreso?

Sin embargo, horas después de conocerse su disolución, el Congreso aprobó suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses por «incapacidad temporal», al tiempo que juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como «presidenta en funciones» del país en un nuevo ejemplo de la grave crisis abierta entre el gobierno y el Congreso.

Tras estos acontecimientos, los responsables de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reunieron con Vizcarra para mostrar «su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente».

¿Qué se espera tras la disolución?

En el artículo 134 de la Constitución de Perú, se contempla la facultad del presidente para disolver el Congreso «si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de ministros».

El último suceso similar ocurrió en 1992, cuando el expresidente Alberto Fujimori alegó obstrucción del Parlamento en temas de seguridad y economía, aunque sus críticos afirmaron que fue para ocultar varias investigaciones de corrupción en su contra y consolidar su poder.

Tras el anuncio de Vizcarra, los parlamentarios debían abandonar el Congreso por su propia voluntad o podrían ser desalojados por la Policía, en caso de ser autorizado por el propio presidente.

Sin embargo, varios parlamentarios ya anunciaron su intención de resistir físicamente cualquier intento de mandarlos a casa.

De igual forma, el mismo artículo establece la convocatoria a elecciones para conformar un nuevo Congreso, a realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la disolución de la Cámara. Una vez elegido un nuevo Parlamento, este puede censurar al Consejo de ministros o negarle la cuestión de confianza después de que el presidente del Consejo haya expuesto los motivos de la suspensión parlamentaria.

Si las elecciones no se celebraran durante el plazo señalado, la Constitución determina que «el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de ministros».

Por su parte, la misma Constitución establece que el ejercicio de la Presidencia puede quedar vacante por «la permanente incapacidad moral o física (del mandatario), declarada por el Congreso».

Sin embargo, el decreto publicado en el diario oficial del país subraya que «carece de validez y eficacia jurídica todo acto relativo a la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo mandato ha sido revocado».