Eurodiputados de La Izquierda forman una comisión para vigilar el respeto de los derechos fundamentales del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas
El número dos de Rafael Correa durante su último mandato fue encarcelado hace cuatro años por el Gobierno de Lenin Moreno, en el marco de la persecución judicial contra el expresidente y su entorno. Glas sufre constantes amenazas, abusos y su estado de salud se ha deteriorado notablemente. Los parlamentarios ya han comunicado oficialmente a Ecuador la conformación de este grupo que, durante el periodo de un año, verificará la situación de los penales ecuatorianos.
Bruselas, 1 de diciembre de 2021.
El eurodiputado de Izquierda Unida Manu Pineda, junto a otros parlamentarios de La Izquierda, como Sira Rego, Leila Chaibi (Francia), Sandra Pereira (Portugal), Clare Daily y Mick Wallace (Irlanda), han comunicado esta mañana oficialmente a Ecuador la conformación de una comisión que se encargará de vigilar que se cumplen los derechos fundamentales del expresidente Jorge Glas, encarcelado hace cuatro años por el Gobierno de Lenin Moreno, dentro de la ofensiva judicial emprendida contra el expresidente Rafael Correa y sus colaboradores más cercanos.
Glas se encuentra detenido en el penal de Cotopaxi, donde ha recibido amenazas de muerte y ha visto como su estado de salud se ha deteriorado, fruto de la situación que se vive en esa cárcel. En el último año ha habido decenas de motines en los centros penitenciarios ecuatorianos, con centenares de muertos, sin que el Gobierno de Guillermo Lasso esté haciendo nada por asegurar la seguridad de los prisioneros.
Este grupo de verificación nace con el espíritu de vigilar durante un año que se respetan no sólo los derechos fundamentales de Glas, sino los de todos los presos internados las cárceles de Ecuador. En este sentido, los eurodiputados y eurodiputadas han enviado esta mañana una comunicación oficial de conformación del grupo de verificación al presidente de la República, Guillermo Lasso; a la fiscal general del Estado, Lady diana Salazar; al presidente de la Función Judicial, Iván Patricio Saquicela; al Defensor del Pueblo, César Marcel Cordova; y al director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, Fausto Cobo. Asimismo, han comunicado su decisión al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrel.
El grupo de parlamentarias y parlamentarios, muestran en su escrito a las autoridades ecuatorianas su preocupación por las masacres que se están produciendo en el sistema carcelario ecuatoriano, el incumplimiento de los derechos conculcados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) el 31 de Diciembre del 2019 a favor Glas, así como al llamamiento urgente hecho por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en septiembre de este año, en el que pedían al Gobierno ecuatoriano su puesta en libertad u otras medidas no privativas de la libertad.
La legislación ecuatoriana dice que para que un preso pueda empezar a gozar de libertad debe haber cumplido al menos un 40% de su pena. El exvicepresidente Glas solicitó a principios de este mes que se le unificaran las penas pendientes para poder acogerse al beneficio penitenciario del 40% del cumplimiento, sin embargo, el juez ha desestimado su petición. Entre las medidas que solicitan los miembros de La Izquierda en el Parlamento Europeo está precisamente que se acepte la petición de Glas ante el peligro que corre su vida.
Entre los objetivos que se ha puesto la comisión hoy creada están: Vigilar la ejecución de los beneficios penitenciarios de las personas privadas de la libertad en Ecuador; observar que las instituciones públicas que deben intervenir en los procedimientos de beneficios penitenciarios cumplan con la normativa internacional, constitucional y legal; conocer los procesos que correspondan, antes, durante y después del cumplimiento de los beneficios penitenciarios; solicitar a las entidades pertinentes información y documentación necesaria para el desempeño de su actividad, a cualquier servidora o servidor público, persona natural o jurídica que tenga cualquier vinculación con esta comisión de verificación; y realizar visitas in situ en los Centros de Rehabilitación Social de Ecuador que consideren pertinente, previa coordinación con las autoridades del Estado ecuatoriano.
El grupo, tras su misión, que puede ser extendida seis meses más, elaborará diversos informes para el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
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