Asesinatos y amenazas, la violencia enturbia la campaña electoral en México

El asesinato de la candidata a diputada y regidora por el distrito de Huauchinango, Puebla, Juana Irais Maldonado junto a su colaboradora Erika Cázeres ha vuelto a poner de relieve el estado de violencia en el cual se está desarrollando la campaña electoral en México. Según fuentes de la Secretaría de Gobernación, desde el inicio de la carrera electoral se han registrado 180 atentados contra candidatos electorales, 110 de ellos mortales.

Irais Maldonado, candidata del Partido Verde Ecologista de México, una formación, a pesar de su nombre, conservadora y ligada a la coalición del institucional Partido de la Revolución Independiente (PRI), fue hallada muerta junto a la su colaboradora y regidora del municipio Juan Galindo en un coche abandonado a las afueras del municipio de Jalopa. Según comunicaron fuentes cercanas a la Secretaría de Gobernación, la policía local dio con el vehículo con las dos víctimas en su interior y al menos diez casquillos de bala tras recibir un aviso anónimo.

Tan solo unas horas antes, se hacía público el asesinato de Pamela Terán, candidata del PRI en el municipio de Juchitán, Oaxaca, junto a otras dos personas en el sureste del país. El jueves pasado, el país amanecía con la noticia del asesinato del también candidato Rodrigo Salado Agatón en San Marcos, en el estado de Guerrero. Una constante que ya ha despertado todas las alarmas a menos de un mes de las elecciones del 1 de julio en las cuales se decidirán 3.400 cargos, entre ellos los de presidente del país, diputados y senadores, ocho gobernadores y el jefe del Gobierno de Ciudad de México.

La violencia no parece hacer distinción entre las formaciones políticas o el signo de los candidatos, aunque según un informe elaborado por la consultora Etellek a finales de mayo, los más afectados con esta ola de violencia han sido los candidatos de oposición, suponiendo un 72% de los casos de asesinato.

Todas las fuentes coinciden en señalar al crimen organizado como el principal responsable de la oleada de violencia.

Tanto las fuerzas de oposición como el gobierno de Enrique Peña han manifestado su preocupación y señalado la necesidad de tomar medidas urgentes para atajar la violencia política. En un comunicado realizado a mediados de mayo, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete señalaba que “el gobierno de Enrique Peña condena enérgicamente las agresiones hacia candidatos y rechaza de manera categórica los llamados, cualquiera que sea su origen, a la violencia o a violentar las leyes electorales, así como cualquier insinuación respecto a que desde el ejecutivo federal se pretenda interferir para inclinar la balanza a favor o en contra de candidatos, partido o coalición alguna”.

Sin embargo, a pesar de las condenas públicas y promesas, no parecen tomarse medidas efectivas desde el gobierno para detener los atentados.