Un nuevo asesinato eleva a doce la cifra de víctimas de la violencia de la última semana en Cauca, Colombia

El Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia (CRIC) ha informado del asesinato de un indígena de la comunidad Paéz en zona rural del municipio de Toribío (Cauca), con el cual la cifra de asesinados en los últimos días asciende a doce. Según la información suministrada, la víctima fue identificada como Alex Vitonás Casamachín, un joven de 18 años que, al parecer, no revestía un rol de liderazgo en el departamento colombiano.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades indígenas, Vitonás, de la vereda Sesteadero, fue atacado por sujetos armados, de momento desconocidos, en el sector de Loma Linda, cerca del corregimiento de Tacueyó, sobre las 19:30 hora local de este sábado.

El departamento del Cauca está viviendo una grave oleada de violencia y asesinatos desde hace días. El lunes, la muerte del activista por los derechos humanos Flower Jair Trompeta Paví sacudía la región. El asesinato de Paví ha estado envuelto en la polémica y la opacidad por parte de las autoridades, tras acusaciones de que fue perpetrado por el ejército en un caso que puede ser descrito sin ningún atisbo de dudas como falso positivo.

Posteriormente, el martes 29 de octubre, un grupo armado asesinó a la activista indígena y miembro de la Autoridad de las Regiones Ancestrales Neehwe’sx, Cristina Bautista Taquinás, junto a cuatro miembros de la Guardia Indígena, Asdruval Cayapu, Eliodoro Inscué, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto.

Apenas dos días más tarde, la violencia volvía a sacudir la región, con el asesinato simultáneo de cuatro miembros de un equipo de topografía de la Fundación Desarrollo de las Ingenierías y las Ciencias de la Salud para la Proyección Social (FUNDIPRO) en Corinto, Carlos Mario López, Roosevelt Saavedra, Diego Hernán Rodríguez Torres y Diego Cerguera Picón, y de otro individuo en el municipio de San Esteban de Caloto, cuya identidad no ha trascendido.

El asesinato de Alex Vitonás muestra que la oleada de violencia se mantiene a pesar de las declaraciones del gobierno de Iván Duque, el cual, según las organizaciones campesinas y de derechos humanos vuelve a mostrar bien su incapacidad o su total desinterés en atajar la situación de inseguridad y violencia política en el interior del país. Las suspicacias sobre el asesinato de Flower Jair Trompeta unidas a la falta de respuesta del ejecutivo y las declaraciones contradictorias por parte del ministro de defensa Guillermo Botero, siembran la total desconfianza entre la población.

Una región representativa de los problemas colombianos

La oleada de violencia en la región supone tan solo un repunte en los problemas que han azotado el departamento de Cauca durante las últimas década. La persistencia de las actividades de las estructuras del narcotráfico y las organizaciones paramilitares, a pesar de las supuestas o fingidas desmovilizaciones de las que fueron sujeto en la década del 2000 durante los gobierno de Álvaro Uribe, convierten al departamento en uno de las más golpeados por los conflictos del interior del país.

Según un informe de la Fundación InSight Crime, dedicada a la investigación sobre seguridad ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, el Cauca es representativo de los problemas que azotan a todo el país. Los denominados Territorios Ancestrales, tierras destinadas a las poblaciones originarias e indígenas, son constantemente invadidos por organizaciones criminales para destinar sus tierras a la producción de coca destinada al narcotráfico internacional. Según el último informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en este departamento se produjeron alrededor de 17.000 hectáreas de coca solo en 2018. La oposición de líderes sociales, indígenas y campesinos suele ser respondida con violencia y asesinatos.

Así mismo, a su volumen de producción se suma su situación estratégica para la logística de la producción de estupefacientes, siendo un paso obligado de los cauces fluviales a través de los cuales se articula el narcotráfico.

A este conflicto tradicional de la población rural con el narco y el paramilitarismo, se suman nuevos problemas derivados de la total ausencia de aplicación de los Acuerdos de Paz de La Habana, que han conducido a la persistencia de violencia con grupos disidentes de las FARC y la presencia de otras insurgencias armadas como el ELN o reductos del EPL.

Por último, la agresiva actitud hostil del estado y el gobierno colombiano a nuevas reivindicaciones como la oposición a la explotación de recursos naturales de forma irregular, supone un nuevo foco de conflicto en la región.