Las razones por las que el gobierno de Venezuela rechaza la visita de la CIDH
El Ejecutivo desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas por comisiones pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA).
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó este lunes la posible visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha sido anunciada para el próximo 4 de febrero.
«No tienen nada que venir a buscar a Venezuela. Será en otro lado, aquí no. Para nosotros la CIDH y la Organización de Estados Americanos (OEA) no existen, vayan primero a Chile, Colombia y EE.UU. a ver qué consiguen. Aquí en Venezuela no», afirmó Cabello en su habitual rueda de prensa.
El también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) afirmó que la OEA no es un «organismo confiable» y acusó a su secretario general, Luis Almagro, de emprender una campaña de difamación contra el país suramericano para lograr su reelección en el cargo.
Previamente, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, indicó a través de un comunicado que la Comisión no estaba invitada al país ni autorizada por el gobierno de Nicolás Maduro.
«Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas por la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima de nuestro país», señala el documento.
No obstante, Humberto Prado, nombrado como «representante para los DD.HH.» por parte del diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó el año pasado como «presidente interino» de Venezuela, asegura que una delegación del organismo llegará al país el próximo 4 de febrero, en horas del mediodía. «Vamos al aeropuerto a apoyar la entrada de la CIDH», pidió Prado a través de su cuenta en Twitter.
La comitiva estaría integrada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena; el secretario ejecutivo, Paulo Abrão; y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli; y aunque su agenda se mantiene bajo reserva, «se les pidió que dieran una rueda de prensa a final de la semana», adelantó Prado.
¿Quién los invitó?
La comisión alega haber sido invitada a través de una carta enviada por Gustavo Tarre Briceño, quien se asume como «representante» de Guaidó ante la OEA. «Solicitamos con carácter de urgencia que la CIDH realice una visita in loco a Venezuela para evaluar la grave situación de los derechos humanos», señala el texto.
La OEA, ente del que forma parte la CIDH, no ha aprobado ninguna resolución donde reconozca al diputado opositor Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela.
Sin embargo, el 10 de enero de 2019, declaró «ilegítima» la toma de posesión del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y en abril siguiente reconoció a Tarre, enviado por Guaidó, como su representante ante el organismo.
Pese a la negativa del ejecutivo, la invitación ha sido respaldada por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) afines a la oposición como Cofavic, Provea, Acción Solidaria, entre otras, por considerar que debe revisarse la política de DD.HH en el país.
No obstante, en octubre del año pasado, Venezuela logró los votos (105) suficientes para convertirse en un estado miembro del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
¿Por qué el gobierno rechaza la presencia de la comisión?
Venezuela no responde a la OEA desde el pasado 27 de abril del 2019, cuando formalizó su salida de la organización, 24 meses después de haber consignado la carta de retiro ante la Secretaría General.
Para efectuar este retiro, Maduro denunció la Carta de la OEA, el documento fundacional del organismo, firmado en 1948, según el cual cualquier país realice este tipo de acusación puede retirarse del ente hemisférico dos años después.
Según el gobierno de Maduro, la OEA violó el artículo 1 de su propia Carta, que establece la «no intervención en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros», al convocar una reunión de cancilleres sobre la crisis venezolana, pese a la oposición frontal de Caracas a esa sesión.
Asimismo, el gobierno rechazó que la OEA emitiera una serie de resoluciones en defensa de grupos de encapuchados, promotores de una espiral de violencia callejera sucedida entre marzo y agosto del 2017, después que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictara la decisión en la que se atribuía las funciones de la Asamblea Nacional (AN), ante el reiterado desacato parlamentario.
En aquella ocasión, el Ejecutivo recalcó que retirarse de la OEA formaba parte de las facultades que tiene el presidente de la República para «celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales» suscritos por la nación, según reza el artículo 236 de la constitución venezolana.
Jessica Dos Santos
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