Un órgano interministerial reconoce vulneraciones de Derechos Humanos de ACS por su actuación en una hidroeléctrica en Guatemala

04 de febrero.- El Punto Nacional de Contacto (PNC) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, organismo colegiado interministerial responsable de favorecer el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las multinacionales, según las directrices de la OCDE, señala en un dictamen que la compañía española Grupo Cobra (de ACS) no actuó de forma adecuada en el caso de las obras de la hidroeléctrica RENACE en Guatemala. Este caso fue denunciado por Alianza por la Solidaridad-Action Aid porque las obras afectan a las más de 29.000 personas q’eqchí que viven junto al Río Cahabón, donde se realiza esta infraestructura.
 
La publicación del informe del PNC coincide con el encuentro en la capital Ciudad de Guatemala de representantes de Alianza, el Colectivo Madreselva y de los q’eqchi con el Embajador español en el país, Alfonso Manuel Portabales, para hacerle entrega del informe y exponerle la situación de las comunidades afectadas por el caso RENACE, así como del líder comunitario Bernardo Caal Xoc, encarcelado por la defensa de los ríos frente a hidroeléctricas en el mismo departamento que la obra de ACS, Alta Verapaz.
 
El documento del PNC, que apoya la reclamación planteada por Alianza por la Solidaridad, no menciona el nombre de la compañía, pero da la razón a la ONG en su reclamación por vulneraciones de derechos, dejando claro que el hecho de ser contratista de la obra por la guatemalteca Corporación Multiinversiones no le exime del cumplimiento:
 
“Se recuerda a la empresa española objeto de la queja que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son muy exigentes en materia de debida diligencia, de tal forma que la posición de contratista no exime a la empresa española del cumplimiento de los más altos estándares internacionales, más allá del mero cumplimiento de la legalidad en el país de destino. Es más, tiene el deber de requerir al socio local a que los cumpla e instarle a cumplirlos en caso de detectarse incumplimientos”.
 
El PNC valora muy positivamente la sentencia de la Corte Suprema de Guatemala que exige la realización de una consulta a las comunidades y que no se hizo en su momento. Y le indica:
 
“De cara a futuros proyectos, el grupo debe velar por que antes de la realización de un proyecto se lleve a cabo una consulta previa, libre e informada a las poblaciones indígenas, en línea con La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, se anima a que revisen su política de RSC para incluir, como parte de la política estructural del grupo empresarial, la necesidad de realizar una supervisión activa de los socios locales en todo el mundo en materia de riesgos en línea con la Guía de debida diligencia para una conducta empresarial responsable de la OCDE”. 
 
Sobre el informe de impacto ambiental completo, que tampoco existe, le insta a contribuir al que ordena hacer la sentencia guatemalteca y, si fuera necesario hacer otro independiente, además de participar en la mejora de las condiciones de vida de la población afectada por la hidroeléctrica RENACE.
 
Entre sus recomendaciones, dado que el PNC es sólo un organismo sin capacidad sancionadora, señala que, como la obra ya está prácticamente terminada, la compañía española debiera comunicar a los afectados que “lamenta los posibles perjuicios que haya podido causar esta omisión por su parte del deber de vigilancia de acuerdo con las Líneas Directrices de la OCDE (relacionadas con los derechos humanos), así como su propósito de colaborar con las autoridades judiciales guatemaltecas para la mitigación y remediación de los mismos”. 
 
La reclamación de Alianza por la Solidaridad al PNC, la primera de una ONG en España que cuenta con un dictamen, se presentó en 2017, a raíz de la investigación sobre los impactos de la hidroeléctrica RENACE en casi 30 kilómetros de cauce del Río Cahabón, obra contratada al Grupo Cobra (ACS) en Alta Verapaz, en territorio q’qechí. Con sus cuatro fases, tendrá una capacidad de 306 MW y será el complejo hidroeléctrico más grande en Centroamérica.
 
Para Alianza por la Solidaridad, se trata de un gran paso que se reconozca y se recomiende desde el Estado el cumplimiento con una responsabilidad social empresarial real con los derechos humanos en países terceros. Valora especialmente que se mencione el contexto de conflicto social en la zona por hidroeléctricas, y el caso de Bernardo Caal Xoc.
 
Los últimos datos indican que 32 personas que lideraban la lucha por su territorio y los recursos naturales han sido asesinadas entre 2018 y 2019 en Guatemala, donde los conflictos sociales ligados a la explotación de los recursos superan ya los 1.500.
 
Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Sostenible en Alianza por la Solidaridad-Action Aid, ha señalado:
 
“Es muy importante que se den pasos como este informe para que las empresas entiendan que respetar los derechos humanos no depende de si la empresa actúa como inversor, contrata o subcontrata. Su compromiso tiene que ser real en toda la actividad de la compañía, dentro y fuera de las fronteras españolas, sin escudarse en legislaciones nacionales que pueden no ser acordes con los avances ratificados en nuestro país. Pensamos que cumplir los derechos humanos que se recogen en convenios internacionales, como el de la OIT sobre pueblos indígenas, y dictámenes como el de este organismo oficial respaldan nuestro trabajo de investigación y denuncia de empresas españolas que, como ACS, no cumplen como debieran con estas obligaciones. Nos anima a seguir trabajando en esta línea de apoyo a comunidades que tienen muy difícil defenderse por si solas, como pone en evidencia los muchos casos de asesinatos, criminalización y acoso que se producen en estos contextos”.