Abuelas de Plaza de Mayo piden prisión efectiva para genocidas
La Asociación argentina Abuelas de Plaza de Mayo pide hoy prisión efectiva para los responsables de la conocida causa Campo de Mayo, una de las varias abiertas contra quienes cometieron crímenes durante la última dictadura militar (1976-1983).
En la recta final de este juicio oral, que sesiona desde 2020, varios han sido los alegatos esta semana, entre ellos el de las Abuelas, que después de cuatro décadas aún siguen esperando las condenas para quienes asesinaron a sus hijos y se apropiaron de sus nietos nacidos en cautiverio.
Con la exposición de la querella de Abuelas, la megacausa se acerca a su etapa de definiciones, precisó la Asociación en un comunicado.
El miércoles último, la abogada Carolina Villella alegó en representación de las Abuelas y las querellantes particulares Lorena Selva y Juliana García, y en honor y homenaje a quienes dedicaron su vida para que esta instancia de tan anhelada justicia sea realidad, dijo tras citar a varias víctimas.
La conocida megacausa es una de las varias sobre los crímenes cometidos durante una de las épocas más tristes vividas en Argentina y durante esta etapa se han escuchado los testimonios de varias personas, entre ellas tres sobrevivientes detenidos en Campo de Mayo, donde radicó uno de los mayores centros clandestinos.
Las Abuelas son querellantes contra ocho miembros del Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional y para tres de ellos (Santiago Riveros, Carlos Villanova y Carlos Tamini), piden prisión perpetua en tanto para otros genocidas solicitaron a la justicia entre 25 y 20 años de cárcel.
A quienes enfrentan el juicio se les acusa de haber perpetrado crímenes en perjuicio de 46 víctimas, entre ellas 14 embarazadas, nueve padres de niños apropiados, y otros 23 casos vinculados.
En el caso de los menores de edad, hoy adultos, después de la ardua labor de las Abuelas lograron conocer su verdadera identidad cinco de ellos pero aún se sigue la búsqueda de otros 10.
En total, en la megacausa se juzgan los delitos cometidos contra más de 323 víctimas que fueron llevadas entre los años 1976 y 1978 al centro clandestino de Campo de Mayo y secuestradas en la Zona de Defensa IV. Hay 22 imputados, de los cuales 12 no tienen condena previa y nueve ya han sido sentenciados por otros crímenes de lesa humanidad.
El debate oral agrupa 175 casos de otros lugares convertidos durante la dictadura en centro clandestino de secuestro y exterminio como el Colegio Militar, Área 400 y los Ferroviarios, y también se encuentran los casos del hijo y la nuera de Raquel Marizcurrena, una de las fundadoras de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
jha/may
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