El gobierno colombiano presentó en el Congreso el proyecto para la “paz total”

El proyecto de Ley de Paz Total que promueve el Gobierno de Gustavo Petro para Colombia ya se encuentra radicado ante el Congreso del país suramericano, con el propósito que sea debatido y promulgado para convertirse en eje central de la política de Estado.

Cuando el Ejecutivo introdujo al parlamento la propuesta de ley —que busca modificar la llamada Ley de Orden Público vigente desde 1997—, el ministro de Interior, Alfonso Prada, señaló que la iniciativa aspira a que la búsqueda de la paz no sea exclusivamente de un gobierno de turno sino un mandato constitucional.

«Lo que básicamente hace hoy el proyecto es convertir en política de Estado la política de paz. Eso implica que le da carácter vinculante a los acuerdos para que ellos no sean interrumpidos en la fase de implementación y cumplimiento», dijo Prada.

Además, precisó que con esta normativa se podrá garantizar que «incluso los procesos de paz que estén en curso, vinculen a los gobiernos siguientes en la continuidad de lo que es un derecho y un deber con lo institucional, como es la búsqueda de la paz».

¿Cómo impactaría la ley en el desarrollo de la paz?

Sobre la propuesta, el senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Senado, detalló una serie de puntos claves para entender cómo se desarrollaría el proceso de pacificación en el país, a partir de la normativa.

La primera clave, según explicó Cepeda, es que la ley permita dejar por sentado que la paz del país debe ser sí o sí una política de Estado y una prioridad a la hora de implementar acuerdos, donde los espacios para la negociación y el diálogo deben ser fundamentales.

«Para hacer la paz, el Estado debe tener una política de seguridad humana, orientada a la prevención. Para ello, promoverá respuestas centradas en las personas y las comunidades. No más ‘contar bajas’ como sinónimo de seguridad. Los Derechos Huamnos serán los indicadores de la seguridad», dijo Cepeda.

La ley entonces propone la creación de un «Plan de Desarrollo Nacional» y otros locales, para diseñar estrategias que aborden el proceso de acuerdo a los requerimientos de cada región, sobre todo en los municipios que son más afectados por la violencia, a través de «políticas, programas y proyectos», para el «desarrollo social equitativo» y «el logro de la paz».

Además, la norma también plantea la creación de un Gabinete de Paz, en el que cada ministerio deberá definir la política pública de su competencia y que periódicamente convocará, a petición de la Presidencia,  un Consejo de Ministros para analizar el desarrollo de cada sector.

De igual forma, la propuesta apuesta a la implementación de diálogos y gestiones humanitarias promovidas por autoridades locales, procesos que deberán autorizar la Presidencia y que servirán «para limitar el impacto de los conflictos armados sobre la población y que se respete el Derecho Internacional Humanitario».

Regiones de paz, servicio social y un solo fondo económico

Cepeda también explicó que en el proyecto de ley se le otorga al Presidente de la República la posibilidad de constituir «regiones de paz» para generar conversaciones a favor del proceso, donde se suspenderían las órdenes de captura y extradición que para el momento estén vigentes contra personas buscadas por las autoridades.

Este punto de la norma resulta un tanto polémico porque recuerda a las llamadas «zonas de despeje» que autorizó el gobierno de Andrés Pastrana en 1988 para establecer diálogos con las FARC y que terminaron por recrudecer el conflicto armado. Sin embargo, Cepeda aseguró al medio local Caracol que estos espacios no guardan similitud y lo que buscan es sumar al diálogo y la concertación con políticas sociales

Según la propuesta, las zonas se priorizarán en territorios establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016, conocidos como PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y en los municipios categorizados como ZOMAC (zonas más afectadas por el conflicto). También incorporarán comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan «graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado».

Otro punto clave es la eliminación de facto del servicio militar obligatorio, debido a que la iniciativa permite a los jóvenes optar por prestar un «Servicio Social para la Paz» en el que podrán trabajar con víctimas del conflicto armado y la violencia.

«Este servicio tendrá una duración de 12 meses, una remuneración conforme a lo previsto para el servicio militar, y podrá prestarse en modalidades como alfabetización digital, trabajo con víctimas, protección de la naturaleza», explicó el senador.

La normativa, agregó Cepeda, también plantea la unificación de los tres fondos públicos destinados para la paz, de manera que estos sean administrados en una sola cartera por el Alto Comisionado. A su juicio, esto permitirá que no haya «más dispersión que facilite el robo de los recursos destinados a la paz».