El peligro de normalizar la extrema derecha en Portugal

La extrema derecha inició su andadura de forma activa en la política portuguesa en el año 2019, cuando André Ventura, líder del partido político Chega (¡Basta!) y ya conocido en el país por ser un famoso comentarista deportivo, consiguió el primer escaño por el Distrito de Lisboa.

Portugal dejaba así de pertenecer al reducido núcleo de países de la Unión Europea donde la extrema derecha no tenía representación parlamentaria.

Ahora las encuestas muestran como las dotes de comunicación y la buena imagen que Ventura quiere transmitir, acompañados de un discurso nacionalista, están calando cada vez más en la población lusa. En el último sondeo de Intercampus publicado a mediados de octubre en ‘Jornal de Negocios y el ‘Correio da Manhã’ se sitúa a Ventura como el tercer candidato más votado en las próximas elecciones presidenciales, solo por detrás del actual presidente Marcelo Rebelo da Sousa y la exeurodiputada socialista Ana Gomes.

Unos días antes una encuesta de Eurosondagem publicada en ‘Porto Canal’ y el semanario ‘Sol’ colocaba a Chega como la segunda fuerza con un 11% de los votos, frente al 10% de Gomes.

Según Riccardo Marchi, investigador del Instituto Universitario de Lisboa y experto en la derecha radical: «El auge de Chega se debe a una insatisfacción del electorado con los partidos tradicionales y en especial con el conservador PSD en crisis desde 2015».

El partido de Ventura defiende una reforma de la Constitución, se posiciona en contra de las políticas de igualdad de género y la inmigración irregular, defiende las bajadas de impuestos y el fin de los subsidios y está a favor de endurecer las penas de cárcel en caso de delito terrorista o sexual.

Pero cada vez son más los incidentes racistas registrados en Portugal, algo que la Red Europea contra el Racismo vincula al auge de políticos de extrema derecha como André Ventura.

El pasado mes de enero, una mujer negra y su hija fueron agredidas porque no tenían un billete de autobús. En febrero, la policía agredió a dos mujeres brasileñas frente a un club de Cabo Verde y el futbolista del Oporto Moussa Marega tuvo que abandonar un partido después de que los aficionados gritaran insultos racistas.

En julio, un actor negro, Bruno Candé, fue asesinado después de que un hombre le disparara seis veces por la espalda con un rifle. Cientos de personas salieron a las calles en los días siguientes para denunciar lo que consideran una muestra más de violencia racista.

La Red Europea contra el Racismo (ENAR) considera que tras el resurgimiento de la extrema derecha «los activistas de extrema derecha se han envalentonado para cometer ataques racistas que constituyen delitos contra personas racializadas», algo que no comparte el miembro fundador de la organización SOS Racismo José Falcao, quien considera que el racismo siempre estuvo allí.

El pasado mes de agosto, Mamadou Ba, miembro de SOS Racismo junto a tres diputadas portuguesas recibieron un correo electrónico, presuntamente de un grupo de extrema derecha vinculado a Chega, en el que se les instaba a abandonar el país en 48 horas si no querían sufrir las consecuencias tanto ellos como sus familias.

Este año, la comunidad negra de Portugal organizó la que según Ba fue la mayor marcha antirracista jamás vista en el país, en la que los manifestantes trataron de quitar algunas estatuas de personalidades históricas vinculadas con el pasado colonial del país y el líder de Chega respondió con una contramanifestación bajo el lema «Portugal no es racista».

Frente a la sede de SOS Racismo se concentraron decenas de ultraderechistas con antorchas y máscaras que le cubrían el rostro al estilo «Ku Klux Klan» donde pintaron graffitis con esvásticas y comentarios ofensivos racistas. Desde entonces han reforzado con barras de metal las puertas de las oficinas.

La diputada negra Joacine Katar Moreira ha sido objeto de acoso y ha recibido comentarios denigrantes desde que asumió el cargo e incluso Ventura la invitó «a regresar a su país».

Pero a pesar del creciente número de denuncias por discriminación e incitación al odio y la violencia, la cifra de condenas por estos delitos, entre 2014 y 2018, es inferior a 3, según datos estadísticos de la policía proporcionados a The Guardian. Esta falta de respuesta institucional reafirma el sentimiento histórico de impunidad de los responsables de estos actos y niega la necesidad urgente de abordar el problema de racismo en Portugal, tal y como ha señalado ENAR.