Prisión política al movimiento guevarista en Ecuador

Desde que el malestar social acumulado por muchos pueblos del mundo estallara en 2019, el relato de los medios masivos de comunicación es que las protestas son peligrosas y quienes participan en ellas personas violentas. Este relato ayuda a posicionar dos falacias de las que somos víctimas. La primera es que los aparatos de seguridad del Estado son los garantes de la democracia. La segunda revive el fantasma del enemigo interno que tanto ayuda a los totalitarismos.

Hoy el sentido común hegemónico justifica la represión sin reparar en las consecuencias. La criminalización de la protesta social, del pensamiento crítico, de los movimientos organizados, es el pan de cada día en un mundo donde crece la desigualdad por minutos agudizando el malestar.

Las causas que provocaran el estallido social de Ecuador en octubre de 2019, continúan vigentes en 2022. Para algunos aquel levantamiento popular significó pérdidas humanas, para otras la mutilación de sus cuerpos, la desmovilización, la criminalización de sus liderazgos o la privación de su libertad. Es el caso de los llamados hijos e hijas de mayo, como los bautizara el Comité de familiares.     

El pasado 19 de mayo ocho personas del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad sufrieron una detención irregular. Un operativo se desplegó por el país para, fusil en mano, allanar cada una de sus casas y ante el terror de sus familias detener a Omar, Carlos, Silverio, Nelly, Juan Carlos, Ernesto, Gabriela y Alexis. Sin revisión de carpetas ni debido proceso fueron privadas de su libertad acusadas de “trata de personas para el reclutamiento y la conformación de grupos armados”, un delito penado con hasta 22 años de cárcel. Violentados todos sus derechos ingresaron en la cárcel de Latacunga y del Inca. A Christian también le buscaron; al no encontrarle en casa le desvincularon en la audiencia de formulación de cargos para ser vinculado nuevamente el 26 de agosto, siendo con él 9 los procesados actualmente.   

Hacía meses que los integrantes del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad eran investigados de manera encubierta. Tras las movilizaciones de 2019, el entonces Director Nacional de Policía y hoy exministro del Interior, Patricio Carrillo, afirmaba que se debía exterminar a los guevaristas porque eran un peligro. Llevaría a cabo los trámites para iniciar una investigación, pero varios jueces denegaron la reserva por falta de pruebas que lo justificasen; lo que quería decir que si fiscalía quería abrir una investigación tenía que notificar a las personas en cuestión para su legítima defensa. Sin embargo, el Fiscal General de la Nación Subrogante (que fue el responsable de la investigación), haciendo caso omiso a la sentencia y en un marco de ilegalidades, inicia un proceso de vigilancia que el Movimiento va identificando. Retenes de policías, revisión de vehículos, coches patrulla en las proximidades de los domicilios, etc. En una ocasión uno de ellos pregunta a un policía “por qué nos vigilan” y éste le responde “dejen de hacer lo que hacen y les dejaremos”.

Han pasado cinco meses de aquellas detenciones sin que hayan sido repuestas las garantías jurídicas. El trabajo de la defensa ha logrado el derecho a habeas corpus para Gabriela, quien el 21 de agosto pasa a arresto domiciliario, y para Alexis, quien pasa a libertad condicional. La jueza responsable ha convocado a la audiencia preparatoria de juicio para el próximo 7 y 8 de noviembre, cuando el equipo de abogados de la defensa solicitará la nulidad de un juicio plagado de irregularidades.

Aquiles Hervás Parra, abogado del equipo, afirma que “si este caso llegase a ser perdido, cosa que no debe pasar, significa un retroceso y debilitamiento estructural complejo y profundo sobre las garantías que tenemos todos como sociedad… Este caso no está dentro de ninguna figura penal. Es un grupo de jóvenes que lee libros y se organiza y por eso son vistos para el Estado como una amenaza, pero ese conjunto de actuaciones no es punible”.

Hablamos con Gabriela vía online. En 2016 llegamos a su casa en Quito a invadir la habitación de su hijo, amante de los dinosaurios y hoy ya preadolescente. Al verla resaltamos la pérdida de peso. “¡15kilos!”, nos dice, “y el Omar otros tantos”. El Omar es su compañero de vida y el padre de su hijo. No le ve desde el día en que les separaron a todos. Se despidieron con un “hasta la victoria siempre”. Junto a su compañera Nelly fueron a parar a la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, una de las peores cárceles de Latinoamérica, por su insalubridad y conflictividad.  “La vida en una cárcel sin condiciones, sin agua, llena de ratas, es dura. Los chicos lo tienen algo mejor porque donde están pueden comprar cosas como el agua caliente. En Latacunga no hay ni agua caliente. Pero donde estamos seguimos trabajando y luchando, haciendo lo que nos toca hacer”.

Aún privados de su libertad, los integrantes del Movimiento Guevarista organizan y participan en actividades comunitarias, de integración, lectura, etc. Gabriela andaba en esa tarea antes de su excarcelación. Ahora en su casa es vigilada las 24 horas del día, y cada relevo policial le hace una fotografía para comprobar su identidad. Le preguntamos cómo podemos ayudar. “Difundiendo. Necesitamos que hablen de nuestro caso internacionalmente, porque en un país que ofreciera garantías jurídicas ninguna de nosotras estaría privada de su libertad”.

El Comité de familias denuncia persecución y hostigamiento, además de un irregular régimen de visitas lleno de abusos. De las cuatro visitas mensuales estipuladas por ley solo les permiten una en la que pueden entrar hasta un máximo de tres personas durante dos horas. Las mujeres testifican que la revisión a la que son sometidas para tener acceso a la visita es denigrante: desnudos, ejercicio físico, apertura de vagina y ano… Aún con todo, familiares y amigos no cejan en el esfuerzo y cada sábado realizan un plantón frente al Palacio de gobierno en la ciudad de Quito exigiendo libertad y justicia, porque como dicen “nuestra lucha es por la vida”.