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Este órgano deberá crearse en un plazo «no mayor a los 30 días hábiles» y estará formado por familiares de los jóvenes, representantes de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, y técnicos que integren un equipo de trabajo autónomo.

El nuevo Gobierno trata de ir más allá de la versión oficial presentada por el anterior Ejecutivo de Enrique Peña Nieto, y que ha sido desmontada por expertos internacionales.

De acuerdo con esta versión, los jóvenes fueron detenidos por policías corruptos el 26 de setiembre de 2014 en el municipio de Iguala y entregados a miembros de un grupo criminal, que los ejecutó e incineró en un vertedero de basura.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que  encabezará la nueva investigación, ha explicado que se retomarán los informes creados por distintos organismos que han indagado en el caso, entre ellos los del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) o el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

«Que nos saque de este basurero»

María Martínez, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, ha pedido al nuevo presidente «caminar» junto a los familiares para que el caso «no quede impune. Le pedimos como padres que nos ayude, que nos saque de este basurero donde nos dejó Peña Nieto; no hubo ningún avance con él, ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de esperanza».

López Obrador ha asegrado que la Comisión no tendrá «ningún obstáculo» para realizar su trabajo. «Vamos a ser respetuosos de la autonomía de los otros poderes, pero este es un asunto de Estado, que nos importa mucho a todos los mexicanos».