La Justicia argentina beneficia a tres exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad
La Cámara de Casación anuló las penas a prisión perpetua por secuestros, torturas y homicidio cometidos en 1976, durante la dictadura militar.
La Justicia de Argentina benefició en un reciente fallo a tres exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
Según informó la revista Noticias, la Sala IV de la Cámara de Casación redujo las penas aplicadas a tres exintegrantes del Regimiento de Infantería de Mercedes (Buenos Aires), sentenciados en 2022 por secuestros, torturas y homicidio cometidos en 1976.
Se trata de Martín Sánchez Zinny, Emilio Morello y Horacio Linari, los tres condenados a prisión perpetua en un juicio de primera instancia.
1. La Sala IV de la Cámara de Casación Penal bajó la calificación de los delitos de tres genocidas con sentencia, reduciendo las penas de Emilio Morello, Martín Sánchez Zinny y Horacio Linari, condenados por el asesinato de Jorge Arancibia. pic.twitter.com/grBGsQLAFA
— Pablo Rizzi (@Budijoly) June 22, 2024
El tribunal conformado por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky ratificó la culpabilidad de los exmilitares, pero, haciendo lugar a la apelación de los militares, decidió un cambio de tipificación. Al considerar un asesinato como ‘homicidio simple’, quitándole el agravante de lesa humanidad, la prisión perpetua se redujo a penas que oscilan entre los 8 y 25 años.
Los hechos
La víctimas fueron cinco militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y su estructura militar, el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
En dos operativos ocurridos entre el 10 y 14 de junio de 1976, fueron secuestrados Pedro Oscar Martucci, Rocío Ángela Martínez Borbolla, Pablo Pavich, Jorge Emilio Arancibia y una persona sin identificar. Los militantes fueron torturados y Arancibia fue asesinado.
Sin embargo, para la Cámara de Casación la prueba producida en el debate «no permite tener por acreditadas, con la certeza exigida en esta etapa procesal, las agravantes previstas en los incisos 2 y 6 del Código Penal».
Para Bárbara García, hija de Rocío Ángela Martínez Borbolla y una de las querellantes en la causa, la decisión de la Justicia tiene que ver con la postura del Gobierno de Javier Milei y en especial su vicepresidenta, Victoria Villarruel, respecto al accionar de las Fuerzas Armadas en tiempos de la dictadura.
«Es un hecho aberrante y sin precedentes que no puede entenderse sin tener en cuenta el clima de época que estamos viviendo, impulsado, por ejemplo, por la vicepresidenta, que nos trata de terroristas a todos los familiares que exigimos justicia. Hay un creciente clima negacionista fomentado por estos sectores que se traslada a fallos como este», señaló García.
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