Sahara Occidental. El Juicio a los 25 de Gdeim Izik como paradigma de la impunidad marroquí

En primer lugar, porque los delitos que se les imputan se habrían producido presuntamente durante el desalojo por parte de las fuerzas marroquíes del conocido como Campamento de la Dignidad. Instalado a las afueras de El Aaiún, el campamento de Gdeim Izik congregó entre octubre y noviembre de 2010 a decenas de miles de saharauis que exigían respeto por sus derechos sociales y nacionales. Una expresión de dignidad que fue duramente reprimida por el Reino de Marruecos.

Y en segundo término, porque el proceso se encuadra dentro de una serie de aplazamientos inexplicables, después de que la primera sentencia contra los 25 de Gdeim Izik, hace casi siete años, fuera anulada por haber sido dictada por un tribunal militar.

Esto último podría parecer una decisión natural, ya que todos los detenidos son civiles y los presuntos delitos que se les achacan no tienen nada que ver con las estructuras militares del país. Sin embargo, el nivel de represión con el que Marruecos acalla las voces del pueblo saharaui hace que, en la monarquía alauí, nadie se preocupara especialmente de este detalle y aceptaran un juicio militar que acabó en nada, gracias a la presión internacional.

Ahora bien, aunque el proceso iniciado a principios de mes se desarrolle esta vez en un tribunal civil, las propias premisas de las que se parte hacen que, de nuevo, estemos ante un juicio sin arreglo alguno al derecho internacional. Uno de los hechos más importantes – y que marcan este caso- es que se juzgan presuntos delitos cometidos en los territorios saharauis, ocupados por Marruecos desde 1976, lo que hace del Sahara Occidental sea el último territorio de África aún pendiente de descolonización. Al haberse producido fuera de Marruecos, la legislación internacional marca que, aunque sean juzgados por la autoridad ocupante, deben serlo en su propio territorio. Por tanto, la extraterritorialidad con la que se celebra el juicio es motivo suficiente para que no sea válido.

Aun así, lo más importante es que se está juzgando un delito completamente inverosímil: la muerte de diez agentes de seguridad durante el desalojo del Campamento de la Dignidad, de los que no existen cuerpos y ni tan siquiera certificados de defunción. Desde el movimiento saharaui se denuncia que las autoridades marroquíes han fabricado un relato para inculpar a los 25 con el único objetivo de descabezar a los movimientos sociales y políticos saharauis. Y a la vista de la farsa en la que se ha convertido el juicio es difícil no compartir su análisis.

Quienes acudimos como observadores y observadoras internacionales, militantes y activistas de organizaciones sociales, políticas, y de defensa de los derechos humanos, fuimos testigos de un proceso sin garantías de justicia. De primeras, no fue fácil llegar, porque las autoridades marroquíes pusieron trabas a las organizaciones internacionales como la ONU o la Unión Africana, quienes finalmente no pudieron enviar representantes. Además, llegaron hasta el punto de deportar al juez asturiano Jesús Martín a su llegada al Aeropuerto de Rabat, donde se había desplazado para acudir al juicio, ante el silencio cómplice y vergonzante del Gobierno y las autoridades españolas.

Una vez en Salé, en cada entrada al tribunal había policías secretos fotografiándonos, inhibidores en torno al juzgado para cortar cualquier tipo de comunicación, provocaciones policiales y hasta personas vestidas de paisano que, sin identificarse, nos pedían ver y fotografiar nuestra documentación.

Pero la parte más violenta de esta farsa estaba dentro del propio tribunal. Allí se presentaron una serie de pruebas inverosímiles, como teléfonos móviles sobre los que no se hizo referencia alguna a la información que contenían y una serie de cuchillos y machetes que parecían recién comprados y que en ningún momento se explicó cuál era su vinculación al crimen. Tampoco se presentaron pruebas dactiloscópicas, ni ADN, ni tan siquiera se informó de dónde se habían encontrado.

La única prueba a la que constantemente se hace referencia a lo largo de los interrogatorios es, sin embargo, un video. Un video con imágenes aéreas en las que no se ve la cara de ninguno de los acusados y donde los crímenes en sí mismos parecen completamente fabricados. Es, además, una pieza ya montada y que incluye mensajes tendenciosos en francés, que acusan a los activistas de terroristas, y que, para más inri, lleva varios años ya circulando por YouTube y en las redes sociales de grupos ultranacionalistas marroquíes.

A pesar de las repetidas peticiones de los abogados y abogadas defensores de que no se considerara una prueba válida, fue utilizado por el juez y el fiscal repetidamente incluso si no había sido sometida a peritaje ante un origen y contenido más que dudosos.

Los acusados han sido interrogados uno a uno en una sala en la que constantemente estallaban los gritos y en la que el fiscal y el juez no tenían en cuenta las garantías más básicas de dignidad. Las referencias a instancias anteriores, que habían sido anuladas, son constantes, como lo son las faltas de respeto a unos acusados que mostraron una entereza y fortaleza impresionantes pese a llevar ya siete años encarcelados.

Sus testimonios denotan que las fuerzas marroquíes utilizaron el mismo modus operandi en cada caso. Detenciones fuera del lugar de los hechos y a posteriori, violencia policial y confesiones firmadas bajo tortura y sin conocimiento de su contenido. Uno de los relatos más duros fue precisamente el primero, el de Mohammed el Ayubi, el único de los acusados que se encontraba en libertad al inicio del juicio dado su frágil estado de salud producto de la brutal tortura a la que fue sometido.

El Ayubi es una persona con una identidad de género no normativa, que relató con frialdad ante el tribunal -y pese las risas de los abogados de la acusación- todos los abusos y maltrato físicos, psicológicos y sexuales que había sufrido por parte de las autoridades marroquíes. Después de él, los otros acusados fueron explicando uno a uno historias similares, en las que primero fueron arrestados por las fuerzas ocupantes, conducidos a territorio marroquí, torturados y, finalmente, obligados a firmar una confesión. Sin embargo, la acusación y la Fiscalía no tenían demasiado interés en escuchar sus denuncias, sino que durante los interrogatorios sólo preguntaron por su actividad social y política en los territorios ocupados y sobre la vida en el Campamento de Gdeim Izik.

El caso de Ennaama Asfari es aún más sangrante si cabe, porque el tribunal no ha tenido en cuenta el dictamen del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que tras evaluar su situación emitió una decisión en la que acusa a Marruecos de haber violado varios artículos de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.

Esta es la manera en la que se ha venido desarrollando el juicio. Un juicio de espaldas a la legalidad internacional, en el que Marruecos trata de dar un barniz de legitimidad a la persecución sistemática que hace de los activistas sociales y políticos saharauis. Además, de momento tampoco hay sentencia al haberse aplazado las vistas hasta el 8 de mayo. La realidad es que son muchos los intereses internacionales que aquí confluyen. Marruecos ha sido recientemente readmitido en la Unión Africana después de un conflicto enquistado por la autodeterminación del pueblo saharaui y, aunque sigue ignorando por todos los medios las resoluciones e intentos de diálogo que se realizan desde este organismo continental, del que es miembro de pleno derecho la República Árabe Saharaui Democrática, no puede permitirse sobreactuaciones y condenas que pondrían en peligro su recién obtenida posición.

Por otro lado, este mes de abril se celebrará la reunión del Comité de Seguridad de la ONU en la que se decidirá la renovación de la Minurso, la Misión de Naciones Unidas establecida para la descolonización del territorio saharaui y que fue expulsada por Rabat tras la visita de Ban Ki-Moon a los campamentos de Tindouf.

Marruecos no quiere emitir una sentencia que enturbie su imagen antes de esta reunión, para la que ya está haciendo un fuerte lobby con el objetivo de que la Minurso desaparezca definitivamente o, al menos, vea sus competencias y capacidad de acción más reducidas de lo que ya están.

Y mientras Marruecos espera, el Estado español y la Unión Europea miran hacia otro lado. Las autoridades españolas son las responsables finales de la situación del pueblo saharaui como potencia colonizadora de acuerdo a la legislación internacional. Pero no sólo eso, sino que agachan la cabeza constantemente ante las sistemáticas expulsiones de sus ciudadanos y ciudadanas de los territorios ocupados o incluso de la capital marroquí -como ha ocurrido en este juicio-, y no son capaces de pronunciarse ante las violaciones de derechos fundamentales.

Esto ocurre porque mientras tengamos una política exterior basada en la obtención ilimitada de recursos económicos y en la Europa fortaleza, nunca seremos capaces de conjugarla con el respeto a los derechos humanos. En el otro extremo, mientras la Unión Europea mantenga unos acuerdos comerciales que arruinan a los pequeños productores y productoras a ambos lados del Estrecho y desarrollen una política migratoria basada en la externalización de fronteras, el Estado español seguirá sin asumir su responsabilidad histórica y no trabajará por la autodeterminación del pueblo saharaui y la liberación de todos los presos políticos.

Más bien al contrario, seguirá manteniendo unas relaciones privilegiadas con Marruecos, que lo convirtieron en el primer país extranjero que visitó el actual Jefe de Estado, y seguirá ignorando al conjunto del pueblo saharaui, que sigue luchando sin descanso por su libertad.

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Jon S. Rodríguez Forrest, Amaia Arenal, Unai Orbegozo, Jesús Guerra y Alex Sanz (Responsable de IU Oriente Medio y Magreb, Concejala de UdalBerri/Bilbao en Común, Concejal de Irabazi Zumarraga, vocal vecino de Ahora Madrid en Arganzuela, vocal vecino de Ahora Madrid en Villa de Vallecas, respectivamente).