Portugal pedirá a la banca que devuelva el apoyo que recibió durante la crisis neoliberal financiera

«Cada portugués contribuyó para hacer viables los bancos. En este momento, sabiendo que la banca está estabilizada, es una ocasión de retribuir a los portugueses lo que hicimos», señaló ayer el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

El presidente portugués dijo que la banca debe «una contribución muy importante» al país por la crisis y consideró que por ello ahora debe entrar en la «carrera contrarreloj» contra la pandemia de la covid-19 y sus efectos sociales y económicos.

«Un día más tarde es peor que un día antes. La economía necesita dinero cuanto antes, las familias necesitan dinero cuanto antes, los trabajadores necesitan trabajar pronto, salarios cuanto antes. Esa lucha también es de la banca», defendió durante su visita a una granja agrícola en Vila Franca da Xira.

El presidente informó de que el próximo lunes mantendrá una videoconferencia con los presidentes de los cinco principales bancos del país –Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander, Novo Banco y Banco BPI– para entender cómo ve el sector la situación y las medidas aplicadas por el Gobierno y discutir el apoyo que pueden dar.

«Es una carrera contrarreloj. El país entero se está conteniendo para parar el virus y mientras otra parte del país continúa produciendo. La banca debe entrar también», insistió.

Prohibición de retirar financiación a familias y empresas

De momento, en un decreto del presidente del Gobierno, Antonio da Costa, refrendado por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal estableció una moratoria de crédito desde el 27 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2020. Seis meses en los que se prohíbe la retirada de las líneas de crédito o su suspensión.

El decreto garantiza la continuidad de la financiación existente a los hogares y empresas y previene ante cualquier incumplimiento provocado por la reducción de la actividad económica. Garantiza la tesorería de empresas, autónomos, familias y otras organizaciones sin ánimo de lucro o de economía social.

La medida aprobada por el Gobierno luso es de mayor alcance que la adoptada en el Estado español, que se limita al pago de hipotecas.
 
Según recogía el decreto «el sistema financiero tiene un deber especial para participar en este esfuerzo por su función esencial de la financiación de cualquier economía». Y añadía que en estos momentos «de incertidumbre y complejidad, todos los actores, públicos y privados, están llamados a garantizar la sostenibilidad de nuestra economía, los ingresos de nuestros ciudadanos y nuestras empresas».

La moratoria que asegura la protección del crédito es aplicable a todas las compañías, siempre que tengan sede y ejerzan su actividad en Portugal, no estén en situación de mora o hayan incumplimiento sus obligaciones crediticias durante más de 90 días y tengan regularizada su situación ante las autoridades tributarias y la Seguridad Social.

En el caso de las personas se protegen los préstamos obtenidos para financiar la vivienda permanente en los casos de afectados por las consecuencias de la pandemia.

Respecto al tipo de créditos, se protegen las operaciones concedidas por prácticamente todo el sector financiero, incluyendo también sociedades de factoring o que otorguen garantías recíprocas a los beneficiarios del decreto.

El decreto sí deja fuera de la moratoria la financiación para inversiones especulativas en bolsa o en otros instrumentos financieros.