Juncker propone que los parlamentos nacionales no debatan ni voten el tratado UE-Canadá (CETA)
La maniobra de la Comisión Europea es probablemente un engaño para lograr la "aplicación provisional" del CETA que anularía la labor de los parlamentos nacionales. La aprobación del CETA supondría privatizar aun más los servicios públicos, precariedad laboral, impactos negativos en la salud y el medioambiente. Todo ello fortalecerá a los partidos de extrema derecha tras el Brexit
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha anunciado en el Consejo Europeo de Bruselas que el acuerdo comercial UE-Canadá (CETA) sea un acuerdo “no mixto”, es decir, un acuerdo de competencia exclusiva de la UE que impida a los parlamentos nacionales que lo debatan o lo voten.
Las declaraciones de Juncker han acarreado fuertes críticas por la polémica en torno a este tratado, considerado igual de peligroso que el TTIP por cientos de organizaciones sociales, sindicales y políticas de toda Europa que llevan años movilizadas y han recogido más 3,4 millones de firmas en rechazo a CETA y TTIP.
Tan sólo unos días después de la votación Brexit, la Comisión Europea está preparando una batalla política y jurídica con los Estados miembros sobre cómo deben ser ratificados los acuerdos comerciales tales como TTIP y CETA, desencadenando una protesta pública por interferir en la soberanía parlamentaria.
Juncker sigue haciendo más de lo mismo. Como en el Consejo Europeo nadie se opuso a las negociaciones del TTIP, van a continuar.
Los gobiernos obtendrían un “éxito aparente”
Tom Kucharz, portavoz de la campaña “No al TTIP, CETA y TiSA”, en la que participa Ecologistas en Acción, explica que “Juncker sabe que el definir el tratado UE-Canadá como ‘acuerdo de competencia exclusiva’ de la UE genera un fuerte conflicto con varios Estados miembros que hará imposible su aprobación, en contra la voluntad de los gobiernos de Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Hungría, entre otros”.
La cuestión es que los gobiernos de la UE, sin excepción, tienen como objetivo aprobar el CETA y ante la enorme reticencia y oposición de sus poblaciones, gobiernos municipales y parlamentos, quieren aparentar ser críticos”, continúa Kucharz, “por lo tanto, la Comisión Juncker proporciona a los gobiernos un éxito fingido: pueden insistir en la necesidad de que sus parlamentos voten el tratado y presumir de haberse resistido a la propuesta de la Comisión Europea”. “En otras palabras, la Comisión Europea reconoce el CETA como acuerdo mixto a cambio de que los Estados acepten la aplicación provisional del mismo” advierte Kucharz.
Si se decidiera la «aplicación provisional» del CETA, sin embargo, las votaciones en los parlamentos nacionales podrían perder sentido ya que el acuerdo se aplicaría antes de su ratificación oficial. Los parlamentos nacionales votarían formalmente, pero una vez que el acuerdo ya estaría aplicado provisionalmente.
«Existe el riesgo de que la Comisión Europea y los gobiernos se unen en silencio contra la población y la soberanía parlamentaria. El gobierno en funciones debe rechazar el CETA en su conjunto», exigen desde la campaña
CETA restringiría las competencias gubernamentales en la gestión de servicios y contratación pública que podrían apoyar a las pequeñas empresas locales y mejorar el gasto público para crear empleo, beneficios ambientales, y otras prioridades sociales, de igualdad de género o económicas. Una contratación pública justa puede ser una palanca para eliminar la corrupción y el despilfarro.
CETA fortalecerá a los partidos de extrema derecha
“Se mire cómo se mire: Dada la amplia y creciente oposición en toda la UE al CETA – una especie de anteproyecto de TTIP que se quiere colar por la puerta trasera- se transmite la impresión de que los defensores del CETA quieren alentar el ascenso de los partidos de extrema derecha y del populismo xenófobo, machista y autoritario”, juzga Tom Kucharz.
«Las élites de la Unión Europea no han aprendido nada del reciente referéndum en el Reino Unido. Aprobar el CETA sin la debida democracia sólo fortalecerá a los partidos de extrema derecha y profundizaría las políticas neoliberales que han sido su caldo de cultivo. Porque el tratado UE-Canadá recortará salarios y derechos laborales, privatizará servicios públicos y aumentará los privilegios de las corporaciones; busca una restricción deliberada de la soberanía democrática y del margen de maniobra política de los gobiernos y parlamentos, así como de la autonomía municipal”, concluye el portavoz de la campaña contra el TTIP, CETA y TiSA.
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