El Salvador: “No podemos permitir que se privatice el agua”

Las últimas semanas en El Salvador han sido caracterizadas por grandes movilizaciones en defensa del agua como bien común y público, y en contra de las maniobras privatizadoras de la derecha parlamentaria. La Universidad de El Salvador (UES) anunció para este 5 de julio una nueva marcha hacia la Asamblea Legislativa.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), El Salvador sería el país de la región con más afectación por estrés hídrico, debido tanto a los efectos del cambio climático, como al mal uso del recurso hídrico y el maltrato a la naturaleza.

En el año 2006, un amplio espectro de movimientos y organizaciones presentó ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley General de Aguas, cuyo texto fue sucesivamente actualizado en el 2011 y 2013.

Lo mismo hizo en el 2012 la Presidencia de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Ambos proyectos reconocían el agua como fuente de vida y como bien público, cuyo acceso constituye un derecho humano fundamental de la humanidad.

Lamentablemente, la derecha parlamentaria nunca permitió que se aprobara dicha ley -solamente hubo acuerdo sobre 92 de un total de casi 180 artículos-, ni aseguró los votos para que se reformara el artículo 69 de la Carta Magna y se ratificara el derecho humano al agua[1].

Tampoco hubo interés en que se reconociera el derecho humano a la alimentación y se aprobara una ley que promoviera la soberanía alimentaria en El Salvador.

Estos mismos partidos, que después de las elecciones legislativas del marzo pasado controlan la Asamblea Legislativa y la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, pretenden ahora desechar todo el trabajo realizado y retomar una propuesta que ellos mismos presentaron en el 2017 (Ley Integral del Agua).

El agua como mercancía

El temor es que se esté buscando la manera de llevar a cabo una privatización disfrazada del vital líquido.

Los partidos de derecha decidieron desechar el trabajo hecho a lo largo de más de 12 años y discutir otro proyecto de ley.

En el artículo 14 del texto que están presentando -continuó Guillén- se crea el ente rector que se encargará de administrar el recurso, cuya junta directiva estará ampliamente controlada por la empresa privada.

Obviamente su interés no es garantizar el acceso al agua en calidad y cantidad suficiente a toda la población, sino convertir el agua en una mercancía para su propia ganancia”, advirtió la defensora de derechos humanos.

De acuerdo con la propuesta presentada por la derecha salvadoreña, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep) y la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures), controlada por la ultra derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), tendrían dos representantes cada una. Uno sólo sería el representante del gobierno.

“La derecha trata de minimizar el tema. Dice que es una cortina de humo, que nadie quiere privatizar el agua. Pero el pueblo conoce sus artimañas y ya no se deja engañar”, manifestó Guillén.

“En este momento la decisión popular es no permitir que se apruebe el artículo 14. Nos estamos juntando nuevamente como pueblo alrededor de una causa que tiene que ver con la vida y el futuro del país.

Se están multiplicando las movilizaciones y son muchos los sectores que se están sumando a la protesta”, agregó.

“Tenemos que convertir esta amenaza en una tremenda oportunidad, que permita rescatar la capacidad de lucha de nuestro pueblo.

Tenemos que aprovechar la coyuntura para fortalecer la exigencia de que el derecho al agua se eleve a rango constitucional”, concluyó la comisionada presidencial para los derechos humanos.

[1] “El agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia”