Honduras: Un fallo histórico por asesinato de mujer trans Vicky

El caso nunca fue investigado y el asesinato de Vicky Hernández quedó en la impunidad.

En 2012, la Red Lésbica Cattrachas y la organización Robert F. Kennedy Human Rights, en representación de la familia de la joven defensora de los derechos de las mujeres trans, presentaron una demanda en contra del Estado hondureño.

Años más tarde, el caso fue elevado hasta la Corte IDH y en noviembre del 2020 se llevó a cabo la audiencia pública. Un hito histórico en América Latina, ya que por primera vez se dictaría sentencia en un caso de transfemicidio1.

Finalmente, el 26 de marzo la Corte IDH resolvió que hay suficientes indicios para responsabilizar al estado hondureño por la muerte violenta de Vicky Hernández, dando a conocer la noticia el lunes pasado, Día Internacional del Orgullo LGBTI y 12 aniversario del golpe de estado.

“Se trata de un gran precedente judicial para las personas LGBTI en Honduras y América Latina y para la lucha contra la violencia y discriminación.

Las personas LGBTI somos iguales y, en el caso de Vicky, la Corte reconoce que todo trato diferente es discriminación”, dijo Indyra Mendoza, directora de la Red Lésbica Cattrachas.

“Honduras debe cambiar, justicia para Vicky es justicia para todas”, agregó.

En la sentencia2, los jueces resolvieron que Honduras es responsable por la violación al derecho a la vida, a la integridad personal y a una vida libre de violencia, así como al derecho a la libertad personal, privacidad, libertad de expresión y al nombre.

Como su asesinato no fue investigado con la debida diligencia, la Corte IDH concluyó que también se vulneraron los derechos a las garantías al debido proceso y a la protección judicial.

Por último, los jueces declararon que Honduras violó el derecho a la integridad personal de los familiares de Vicky Hernández.

El órgano judicial con sede en Costa Rica fijó cinco medidas de verdad, justicia y reparación para las víctimas y las personas LGBTI.

Ordenó investigar, juzgar y sancionar a los responsables del asesinato de la defensora y crear una beca educativa (anual) que lleve su nombre, a favor de mujeres trans en estudios de secundaria.

También instó a adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género en los documentos y en los registros públicos de Honduras.

Asimismo, ordenó adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia.

Finalmente, urgió implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.

“Se crea un gran precedente al resolver que la falta de reconocimiento de la identidad de género es una violación de derechos humanos.

Esto – explicó un comunicado de Cattrachas – aplica para toda América Latina y es muy importante porque hay países que todavía no permiten cambiar los documentos legales, según la identidad de género auto percibida y sin requisitos adicionales”.

“Vamos a asegurarnos que el Estado cumpla con la sentencia. Estamos en un año electoral que, históricamente, suelen ser extremadamente violentos. Ya registramos 16 muertes violentas de personas LGBTI en lo que va del año”, dijo Mendoza a La Rel.

De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de Cattrachas3, entre 2009 y 2020 se registró la muerte violenta de 389 personas LGBTI.

De ellas, 221 pertenecen a la población gay, 46 a la población lésbica, 122 a la población trans. 83 casos han sido judicializados y sólo 34 han terminado con una sentencia condenatoria (8,7 por ciento). El 91% quedó en total impunidad.

Honduras es el país con la mayor tasa de lesbianas asesinadas en América Latina.