Investigan en Ecuador un posible femicidio en un cuartel militar

Representantes del Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Brigada de Selva Napo, donde se produjo el deceso de Ati, acudieron este viernes a la sesión de la mesa legislativa.

El titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no estuvo presente, pero envió una carta en la cual pidió a los asambleístas declarar la sesión reservada para no interferir en la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía.

El vicepresidente de la Comisión, Leonardo Berrezueta, del movimiento Revolución Ciudadana, cuestionó el pedido porque no se trata de un tema de seguridad nacional y en su opinión parecería que se intenta ocultar algo o proteger a los responsables.

«Esta comisión se está volviendo cómplice de un silencio que no necesita el país», aseveró Berrezueta. Si bien finalmente la reunión fue a puertas cerradas, a su salida, el comandante Marco Guerrón, aseguró que el sábado 29 de junio Ati estuvo en una fiesta sin autorización que hubo en el destacamento militar y reconoció que aún no han sido sancionados los uniformados involucrados en el festejo.

En un inicio, el Ejército informó que la muerte fue por asfixia, aunque luego la autopsia reveló signos de posible violación y estrangulamiento y la Fiscalía investiga el hecho como un presunto femicidio.

Cuatro oficiales del Ejército son procesados y dos de ellos entregaron muestras biológicas para ser comparadas con restos encontrados en la subteniente, de 25 años.

El caso ha causado indignación en el país, pues sería el segundo femicidio en una institución de seguridad del Estado en los últimos dos años, luego de que en septiembre de 2022 fuera asesinada María Belén Bernal dentro de la Escuela Superior de Policía.

La ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Arianna Tanca, dijo este jueves a la emisora FM Mundo que no habrá impunidad en este caso y se refirió a las acciones de este cartera de Estado para acompañar a la familia de la víctima con asistencia psicológica.

En un pronunciamiento, organizaciones feministas subrayaron que “cuando una mujer pierde la vida en un recinto policial o militar, el Estado no solo es responsable por la omisión de protección de su vida, sino que es un Estado fallido”.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 se registraron en Ecuador 321 femicidios, según datos de la Fundación Aldea, Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo.