Ansiosa espera por decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico

El máximo foro judicial del país solicitó que los abogados de las partes presenten sus alegatos respecto a las acciones impulsadas por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz por considerar que el abogado de 60 años usurpa la función de gobernador de esta isla del Caribe.

Pierluisi, quien en el cuatrienio pasado fue delegado electo de Puerto Rico ante el Congreso de Estados Unidos, fue designado secretario de Estado por el derrocado mandatario Ricardo Rosselló Nevares, pero asumió ilegalmente la gobernación sin cumplir plenamente el proceso de confirmación.

Para acceder al principal cargo del país, el secretario de Estado debió recibir el consejo y consentimiento de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico, trámites que no completó antes de jurar como gobernador en una residencia privada en presnecia de una jueza y su hermana Caridad.

El Tribunal Supremo otorgó hasta el mediodía de este martes a las partes para que los abogados del Senado y del gobernador de facto presenten sus argumentaciones, por lo que de producirse en los próximos días, se cree que no más tarde del viernes, un fallo adverso a Pierluisi, asumirá la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, al estar acéfala la secretaría de Estado.

Está cuestionada la Ley 7 de 2005, en la que se amparó el político de 60 años para su jura como gobernador y que juristas de diversas tendencias ideológicas coinciden en que es inconstitucional en el sentido de que permitiría alterar el orden de sucesión que fija la carta magna del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico, aprobada en 1952.

La ley no requiere que el secretario de Estado esté confirmado para ambas cámaras legislativas para ocupar la gobernación de esta nación caribeña, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde hace 121 años.

Los abogados de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, presentaron sus argumentaciones en contra del acto de Pierluisi en la propia demanda.

El licenciado Frank Torres Viada, quien junto a su colega Alexandra Rivera representa en la acción al ayuntamiento capitalino, que el propósito es que dicte una sentencia despojando a Pierluisi del cargo de gobernador que ocupa ilegalmente y, así hecho, que proceda con el orden de sucesión constitucional.

El Senado nunca prestó consentimiento a la designación de Pierluisi al cargo de secretario de Estado, puesto que nunca entregó los documentos de rigor a la Comisión de Nombramientos, como ahora trascendió tampoco lo hizo en la Cámara de Representantes, que lo confirmó el pasado viernes.

Rivera Schatz afirmó que es su deber llevarlo este asunto ante el tribunal, proteger al Senado y la Constitución de Puerto Rico.

Pierluisi tampoco entregó la información solicitada por el senador opositor Aníbal José Torres Torres, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), sobre sus vínculos con el bufete corporativo O’Neill & Borges y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por Washington al gobierno de Puerto Rico.

Antes de abandonar el cargo después de multitudinarias manifestaciones que paralizaron al país por dos días en una misma semana, Rosselló Nevares decidió dejar el cargo no sin antes nombrar 48 horas antes a Pierluisi a la secretaría de Estado, quien asumió minutos después de formalizada la dimisión el 2 de agosto pasado.

Mientras, sectores del pueblo han continuando realizando pequeñas protestas advirtiendo que retomarán las calles para que se escuche la voluntad popular.

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