El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales alerta sobre la operación de «lavado de imagen» de la empresa canadiense Aclara Resources tras el fracaso de su proyecto de minería de tierras raras en Chile

La entidad denuncia que la promotora ha renovado su plan de «greenwashing» para presentar su iniciativa como «minería sostenible, limpia, verde» empleando además «otros calificativos de fantasía».

Según informa en un comunicado, en apoyo a estas maniobras de «lavado de imagen», la canadiense Aclara Resources Inc ha instalado un «centro demostrativo» de su proyecto en Penco (Chile) en el cual promocionan una serie de procesos patentados a través de su firma asociada Redd Uno SpA, en una operativa que no deja de ser un «Plan B» para enfrentar el abrumadores rechazo de las instituciones, comunidades y organizaciones sociales a su proyecto, además de darle espacio «a las manipuladas promesas de trabajo que han levantado en su discurso».

El OLCA advierte que estas «actividades cosméticas» se han ampliado «con la difunsión intensiva de opiniones y testimonios que elogian el proyecto minero» de tierras raras a través de distintas entidades relacionadas con el sector extractivo, como el Centro Tknika, Ecofor o InGeo.

LOS «PREMIOS» DE ACLARA RESOURCES

«Como en toda operación de este tipo -detalla el OLCA- no podía faltar en este caso la adjudicación de distinciones llamativas» pues «Aclara informa que recibió dos premios por su compromiso de sostenibilidad» de parte del Business Intelligence Group y otro de SEAL Awards, firmas que son conocidas por galardonar a empresas «que buscan mayor publicidad o lavar su imagen», y que además han entregado premios a corporaciones y organismos tan cuestionados a nivel internacional como Dow Chemical Company, Saudi Aramco o el Ministerio de Energía de los Emiratos Árabes Unidos.

LA REALIDAD DEL PROYECTO DE MINERÍA DE TIERRAS RARAS DE ACLARA

Para el OLCA, «pese a lo que sostiene Aclara en la propaganda actual de sus procesos extractivos, la maquillada promoción del proyecto sigue siendo básicamente minería química a gran escala» que implica necesariamente la extracción mediante retroexcavadoras de enormes cantidades de tierra, destruyendo la capa vegetal y el terreno hasta 30 metros de profundidad en una concesión de unas 600 hectáreas hasta retirar unos 180 millones de metros cúbicos de material en el proyecto Penco.

«Aunque se intervenga sólo una parte del área concesionada, esta gran operación provocaría un irreparable desastre ambiental en la zona. A la masiva extracción de tierra -arrasando flora, fauna, cursos de agua y napas freáticas, entre otros daños- y su traslado (en camiones) para el procesamiento con grandes cantidades de agua, electricidad, combustible y productos químicos, se suma el transporte en camiones de tierras contaminadas de regreso a los lugares destruidos. Además, la extracción de lantánidos suele sacar a la superficie otros peligrosos metales pesados altamente tóxicos, tales como el plomo. En resumen, una amenaza real al medioambiente, la salud y los medios de vida de las comunidades vecinas» pues además durante el proceso se emplean distintos productos químicos tóxicos como el ácido sulfúrico, el hidróxido de amonio, el sulfuro de sodio, el sulfato de amonio, además de importantes cantidades de floculante que puede incluir diversos productos cancerígenos, explican desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

Por eso para el OLCA, en el caso de Aclara es aplicable el refrán popular que dice que «aunque la mona se vista de seda mona se queda», de ahí que la minera canadiense pretenda dar una imagen pública favorable. Pese a todo, para el Observatorio, este afán por el «maquillaje verde» hace dudar incluso al valor de sus inversiones «ya que gran parte de esos fondos proviene de sospechosas empresas creadas en paraísos fiscales». Por estos motivos confian y desean que, «por el bien y respeto a la ciudadanía y la naturaleza», las autoridades rechacen este tipo de proyectos extractivos, que consideran destructivos, engañosos y perjudiciales para las comunidades afectadas.

Fuente: rebeldes.info