El Senado de Irlanda aprueba una ley que prohíbe el comercio con los asentamientos ilegales de Israel

El Senado irlandés ha aprobado la histórica Ley de Control de Actividades Económicas en los Territorios Ocupados, de 2018, una legislación que aspira a prohibir las actividades comerciales con asentamientos declarados ilegales por las Naciones Unidas y la Unión Europea en los territorios ocupados por Israel en Palestina.

La normativa, que inició su andadura a principios de 2018 a iniciativa de la senadora independiente y celebridad musical en el país, Frances Black, aspira a declarar proscrita legalmente la actividad comercial, estableciendo penas de hasta cinco años de prisión o el pago de una multa de 250.000 de euros para los que “ayuden a otra persona para que importe o intente importar los bienes de asentamientos”.

La ley, a la que se ha venido oponiendo firmemente a lo largo de todo el año el partido en el gobierno, Fine Gael (Familia de Irlanda), ha contado sin embargo con el apoyo de la mayoría de la cámara, con los votos a favor del partido republicano Fianna Fáil, el Sinn Fein, los laboristas, los verdes y senadores independientes. De hecho, ni siquiera todos los senadores de Fine Gael se personaron en la cámara alta para votar en contra de la normativa, que desde la aprobación de su tramitación en julio (en aquella votación por 25 a favor y 20 en contra) ha ganado varios apoyos en la cámara.

Ahora, la normativa tendrá que pasar por la aprobación de la Asamblea, la Dáil dónde se prevé que sea debatida a principios de 2019. De obtener el respaldo de la Cámara Baja, pasará a ser la primera legislación de estas características en la Unión Europea.

La impulsora de la normativa, Frances Black no ha ocultado su alegría ante la aprobación del Senado. «¡Increíble! El proyecto sobre Territorios Ocupados acaba de completar todas las etapas en el Senado. Irlanda puede ser el primer país de la UE en detener el comercio de asentamientos ilegales. Ahora debe aprobar por la Cámara Baja del parlamento (el Dáil). Promulgaremos este proyecto de ley vital con gran apoyo», publicaba en su cuenta personal de Twitter al poco de aprobarse la normativa.

“Gracias Fianna Fail, Sinn Fein, Partido Laborista, Partido Verde y senadores independientes de Irlanda por manteneros firmes con el derechos internacional y los derechos humanos”, añadía poco después.

Airada reacción israelí

Las autoridades israelíes no han tardado en reaccionar negativamente a la noticia, en su habitual tono acusatorio, catalogando la medida como una agresión. El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí Emmanuel Nahshon no tardaba en increpar a la propia senadora Black. “Realmente increíble, el Senado irlandés ha aprobado un boicot motivado por el odio a una nación amiga”, afirmaba instantes después de la votación Nahshon. “Esto no va a ayudar a la población palestina y únicamente empuja a sus líderes aún más lejos de la negociación”, añadía. “El senado irlandés ha escogido apoyar la legislación más extremadamente anti-israelí en Europa”, llegaba a declarar.

Israel había venido ejerciendo presión desde 2017 para impedir una normativa en un país de la Unión Europea, un precedente que resultaría totalmente contrario a su política de expansión por los territorios palestinos, implicando a la Jerusalén ocupada, ciudad a la que el gobierno de Netanyahu ha trasladado unilateralmente la capitalidad del estado contraviniendo el derecho internacional. De hecho, la primera votación en el Senado, prevista en un principio para enero de 2018, fue pospuesta hasta julio por las presiones del gobierno israelí.

Problema para el gobierno

La situación no se torna fácil para el gobierno del partido Fine Gael, que trata de impedir su implementación para evitar conflictos diplomáticos con los israelíes. El apoyo a la normativa de los republicanos, el principal apoyo de su gobierno en minoría, y se la mayoría de fuerzas de la oposición, hace prever una aprobación inminente en la Dáil.

Los argumentos del gobierno en contra de la normativa parten de la idea de que la República de Irlanda no cuenta con las competencias requeridas para aprobar una legislación con ese contenido. La ministra Helen McEntee advirtió a la cámara alta que la legislación chocaba con la legislación europea, ya que las normativas de comercio exterior son competencia exclusiva de Bruselas.

“La clara y comprensible indicación de fiscal general es que la normativa no es compatible con la ley de la Unión Europea”, sostiene McEntee.

Una perspectiva que choca con la interpretación de numerosos legisladores de la oposición, incluido el ex fiscal general Michael McDowell, actualmente senador independiente, “la legislación internacional tiene que significar algo para nosotros”, apunta McDowell, que recuerda que los asentamientos son reconocidos como ilegales internacionalmente tras la resolución en firme 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reconocida y supuestamente compartida por la Unión Europea.