La trata de menores en Mali se incrementa por el conflicto y la COVID-19

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, alerta hoy de que el conflicto, la inseguridad, la COVID-19 y el deterioro de las condiciones económicas están incrementando la trata de niños y niñas, el trabajo forzoso y el reclutamiento forzoso por parte de grupos armados en Mali. Se ha documentado un número cada vez mayor de reclutamiento de niños y niñas en la primera mitad de este año (230 casos), comparado con el total de los registrados en todo el 2019 (215 casos), según un reciente informe hecho público por el Grupo de Protección Global liderado por ACNUR, una red de agencias de la ONU y ONGs, que proporciona protección a personas afectadas por crisis humanitarias.

Los grupos armados están a su vez traficando con niños y niñas para trabajar en minas de oro, aprovechándose de los beneficios que obtienen para enriquecer a los combatientes, alimentar el mercado de armas y financiar la violencia. También se piden “impuestos” para extorsionar a personas adultas que trabajan en estas minas de oro.

Como los colegios permanecen cerrados por el conflicto, la inseguridad, la COVID-19 o las huelgas de los profesores, los niños y niñas también son empujados hacia las minas de oro informales, especialmente en Gao y Kidal, donde muchas áreas están controladas por grupos armados.

Las evaluaciones de protección rápidas realizadas estiman que unos 6.000 menores, principalmente niños, están trabajando en ocho minas por todo el país. Estos niños están expuestos a las peores formas de explotación laboral y económica, y a abusos físicos, sexuales y psicológicos.

Algunos niños llegan a estas zonas mineras ya con una “deuda”, donde un tercero les financia el transporte y la comida. Otros han informado de que han trabajado durante días sin que les hayan pagado. Los niños son forzados a trabajar por tiempo indeterminado, hasta que paguen el reclutamiento y la “deuda” de viaje.

Como resultado del deterioro del conflicto y de la situación socioeconómica, exacerbados por la pandemia, estamos viendo algunas de las violaciones de derechos humanos más atroces en el Sahel”, dijo Gillian Triggs, la Alta Comisionada Assistente para Protección.

“Los grupos armados están forzando a niñas y niños a luchar, están siendo víctimas de trata, de violaciones, los están vendido, utilizando como esclavos sexuales o domésticos, o forzándolos a casarse. Hay muchos niños y niñas en riesgo en el Sahel, una región que está convirtiéndose en la crisis humanitaria de más rápido crecimiento a nivel mundial”.

Las víctimas son malienses, así como refugiados, solicitantes de asilo y población migrante.

Se han recibido informes procedentes de la región de Mopti, de comunidades de mujeres y niñas que han sido secuestradas, agredidas sexualmente y violadas. En esta región se han registrado ya más de 1.000 casos en lo que va de año. ACNUR también teme que los matrimonios forzosos se incrementen en un país donde se estima que el 53% de las niñas terminan casadas antes de cumplir los 18 años.

A pesar del conflicto y la restricción de movimientos por la COVID-19, Mali continúa siendo un país clave en el tránsito de refugiados y migrantes que intentan alcanzar el norte de África y Europa.

Algunas personas en situación de desplazamiento terminan cayendo en manos de redes de trata para trabajos forzosos en el sector de la agricultura; otras, especialmente las mujeres, son captadas en la ruta por redes de trata que les prometen trabajos en el norte de África, Europa y Oriente Medio. Otras mujeres son derivadas hacia Bamako o hacia las áreas de agricultura o las minas, donde terminan forzadas a ejercer sexo de supervivencia.

Los perfiles de los traficantes y sus cómplices van desde grupos criminales organizados o grupos armados, jefes tribales o autoridades estatales. En ocasiones, incluso los padres, parientes o miembros de la propia comunidad están involucrados.

ACNUR continúa solicitando con urgencia más apoyo en los esfuerzos por prevenir y responder a la trata de personas, que se proteja a quienes están en situación de riesgo y que se dé apoyo a las víctimas, asegurando que los responsables sean llevados ante la justicia.

Además de este aumento de las violaciones de Derechos Humanos, entre las que está la violencia de género, la trata y el reclutamiento de menores, un nuevo informe hecho público ayer alerta de que cerca de 40 millones de personas desplazadas internas o personas afectadas por conflictos podrían quedarse sin apoyo por falta de financiación.

De acuerdo con este informe, la financiación que se requiere este año para proteger a las personas que más necesitan la asistencia humanitaria en situaciones de crisis apenas ha llegado al 25 por ciento de lo necesario.