Colectivos mapuches plantean movilizaciones ante la exclusión de los indígenas en el proceso constituyente chileno
- El pueblo mapuche estudia hoy una protesta ante organismos internacionales por la exclusión del proceso constitucional chileno, después de las elecciones para escoger a los miembros del órgano encargado de redactar la carta magna.
Sólo dos de los 350 postulados al Consejo Constitucional en los comicios de este domingo son mapuche, a diferencia del proceso anterior cuando hubo 17 escaños reservados para comunidades originarias.
Sus posibilidades de ser electos son remotas porque necesitarían 196 mil votos, mientras que los otros aspirantes podrán ser escogidos con 25 mil o 30 mil.
El escenario más probable es que ningún indígena sea elegido, lo cual vulnera tratados internacionales actualmente vigentes, como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dijo el candidato Alihuen Antileo, jurista y presidente de la Plataforma Política Mapuche.
Las comunidades originarias tampoco tienen presencia en la comisión de expertos encargada del borrador de la propuesta de ley fundamental, ni en el Comité Técnico de Admisibilidad.
Este 7 de mayo más de 15 millones de chilenos están convocados a las urnas para elegir a los 50 miembros del Consejo Constitucional que elaborarán y aprobarán el proyecto de ley fundamental, el cual será sometido a referendo el 17 de diciembre.
El otro candidato mapuche, Julio Marileo, profesor y magister en educación en la Universidad de Chile, advirtió que si después de las elecciones su pueblo es excluido totalmente presentarán recursos ante organismos internacionales.
De acuerdo con el censo de población de 2017, unas dos millones 186 mil personas se declararon como miembros de un pueblo originario, lo que representa el 12,8 por ciento del total de habitantes.
Según el Convenio 169 de la OIT, adoptado en 1989 y ratificado por Chile en 2008, el Estado debe garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Además está obligado a asegurarles igualdad de oportunidades, una participación efectiva y la preservación de su cultura, tradiciones y territorios, así como la consulta previa en asuntos que les afecten.
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