56 niñas de Guatemala: 90 días de impunidad

A tres meses de la tragedia del hogar seguro en Guatemala, en el que murieron 41 niñas quemadas y de las 15 sobrevivientes una más fue asesinada de regreso en su casa, todavía queda un manto de impunidad sobre casi todos los responsables gubernamentales. Aquí, un resumen en 5 puntos.

1. Los actores que no han sido alcanzados

Tres meses han pasado desde que el crimen en el Hogar Seguro. Durante ese tiempo, la investigación ha estado bajo reserva; pero se conoció que 9 de las sobrevivientes declararon por videoconferencia.

A la fecha están detenidos y sujetos a investigación sólo Carlos Rodas y Anahy Keller, exsecretario y exsubsecretaria de Bienestar Social, así como Santos Torres, el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

A de casi cien días de los hechos, ningún monitor ha respondido ante un juez por las quejas de las adolescentes que un día antes de morir se manifestaron por los malos tratos que recibían.

“Viólennos aquí, delante de todos. Vengan a violarnos pues, si eso quieren otra vez, gritaban las niñas en el amotinamiento del 7 y 8 de marzo, denunció Nómada hace casi tres meses”

Denunciaron golpes, agresiones sexuales, mala alimentación, entre otros abusos. Tampoco han comparecido quiénes las encerraron en un aula de 47 metros cuadrados, ni los agentes de la Policía Nacional Civil que las custodiaron la madrugada del 8 de marzo y que no las dejaron salir a pesar de que les gritaban que había fuego.

Según información que la Secretaría de Bienestar Social entregó a la bancada Encuentro por Guatemala el mes pasado, en octubre de 2016 interpusieron tres denuncias contra personal del Hogar Seguro por abrir los portones para que los menores se fugaran de las instalaciones.

Ese día, el 7 de marzo, los trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social fueron los que abrieron los portones y les dijeron: “Váyanse a la verga”.

Otra denuncia de 2016 que hizo la Secretaría y que presentó a la bancada de Nineth Montenegro fue contra Ángel de Jesús Valladares Cardona -que aparece en nóminas de la Secretaría como Encargado de Procuradores- por supuestamente obligar a una adolescente a cambiar su declaración ante un juzgado.

La entidad también reportó que existe una denuncia contra Verónica Elizabeth Ochoa López, que fungía como psicóloga del hogar, por la presunta agresión a cuatro menores de edad. Además, hay una denuncia en contra de una adolescente que se presume escapaba de las instalaciones llevándose a otras compañeras para luego regresar de forma voluntaria y volver a escapar con más de las adolescentes internas.

En el Ministerio Público (MP) investiga las denuncias presentadas por la sospecha de que grupos de crimen organizado tuvieran acceso y contactos con el hogar para aprovecharse de las menores de edad, sacarlas de las instalaciones y explotarlas sexualmente. Sin embargo, en las denuncias no se presentó suficiente evidencia que les permita ir tras una línea clara de investigación en ese sentido, dijo Alexander Colop, jefe de la Fiscalía contra la Trata de Personas. El MP todavía no ha logrado investigar si es cierto.

El juez Carlos Guerra dictaminó que los detenidos Carlos Rodas, Anahy Keller y Santos Torres pueden guardar prisión domiciliar si pagan una fianza.

La Fiscalía contra el Femicidio, la encargada del caso, apeló la resolución del juez Carlos Guerra. El MP considera que existe peligro de que obstaculicen las investigaciones si no están en prisión.

El pasado 20 de marzo, Encuentro por Guatemala amplió la denuncia que presentó días antes en contra de la Procuraduría General de la Nación por los hechos ocurridos en el Hogar Seguro. En ese documento se menciona a los agentes que el día del incendio tuvieron su cargo el cuidado, resguardo y seguridad de las 56 adolescentes que fueron encerradas. Entre ellas, la Sub Inspectora de la Policía Nacional Civil, Lucinda Marroquín Carrillo, y 17 mujeres oficiales más. La bancada las menciona como nuevos indicios para el caso.

Por otro lado, la situación de los monitores que tuvieron a cargo el cuidado de los menores de edad no ha variado mucho. En una citación en el Congreso, Cándida Rabanales, la nueva jefa de la Secretaría de Bienestar Social, confirmó que los monitores siguen en sus puestos porque no los pueden despedir, ya que el sindicato logró que un juez emplazara a la institución.

– Lo que hemos hecho es alejarlos de los niños, dijo la secretaria Rabanales a la diputada Nineth Montenegro.

La secretaria Rabanales dijo que 379 personas trabajaban el hogar y que 307 siguen en sus puestos. Además, reconoció que la Secretaría no cuenta con los procesos para evaluar de forma íntegra el trabajo del personal a cargo de los niños, niñas y adolescentes.

– La evaluación de desempeño es defectuosa, criticó la diputada Montenegro y agregó que la Secretaría evalúa de igual forma el trabajo de un piloto como el de un psicólogo, el un miembro del área jurídica como de uno del área médica.

La Secretaría de Bienestar Social ni el MP no han denunciado penalmente a ninguno de los trabajadores.

2. La empresa que daba seguridad está acusada de mafiosa

Con el cambio de gobierno, durante los primeros diez meses de la administración de Jimmy Morales en 2016, las instalaciones del Hogar Seguro no contaron con servicio de seguridad privada. Esto hizo más vulnerables a los menores de edad ante grupos de crimen organizado, provocó riesgo de fugas y puso en peligro las instalaciones.

En noviembre de 2016, cuando la Procuraduría de los Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (PDH) que emitiera medidas cautelares que instaran al Estado a que garantizara la integridad de los menores de edad del Hogar Seguro, denunció que entre mayo y octubre de ese año se reportaron 49 casos de fuga de adolescentes, donde no se descarta que haya vínculos con redes de trata de personas. Es decir, que se hayan reportado como fugas cuando en realidad eran sacadas del hogar para explotarlas sexualmente.

Para el 7 y 8 de marzo de 2017, una población de 800 niños, niñas y adolescentes internos estaba bajo resguardo de 2 agentes de la Policía Nacional Civil y dos de empresas privadas. Para la PDH eso evidenció la falta de coordinación interinstitucional y protocolos para garantizar la seguridad de los menores.

– En particular, no se habían tomado medidas para evitar nuevas fugas, enfatizó un informe del PDH de 2017.

En el informe de auditoría de la Contraloría General de Cuentas se detectaron anomalías en los procesos de contratación de guardias privados.

En octubre de 2016, la Secretaría de Bienestar Social empezó a contratar de forma directa servicios de agentes a la empresa Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala (Visegua), la misma firma donde trabajaban un patrullero, un custodio y un piloto que enfrentan juicio porque el Ministerio Público los acusa de proveerle armas de fuego y armamento militar a miembros de la pandilla Barrio 18.

La función de los agentes de Visegua dentro del Hogar Seguro era controlar el ingreso y salida de alumnos, padres de familia y otras visitas, así como hacer rondas para controlar la entrada y salida de todo el complejo ubicado en Santa Catarina Pinula, en las afueras de la Ciudad de Guatemala.

En el 2016, la Secretaría le adjudicó a Visegua, de forma directa, ocho contratos por cifras menores a los Q100 mil. La Contraloría lo denunció como un fraccionamiento para evitar concursos y licitaciones. Por este hallazgo sancionó con el pago de Q11 mil a Armodio Eliu López Orozco, jefe del Departamento de Compras, y a Ramiro Stuardo Barillas Castillo, Director Administrativo.

En su respuesta a la Contraloría, los funcionarios manifestaron que durante ese año hubo tres Secretarios de Bienestar Social y que eso provocó que las metas programadas para el 2016 fueran demorándose.

Según la auditoría, casi ninguno de los centros estatales para menores tuvo seguridad privada en los primeros 10 meses de 2016: el Centro de Educación Especial Álida España, el Centro de Atención Integral (CAI), el Centro Juvenil de Privación de Libertad de Varones, el Centro Juvenil de Detención Provisional, el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres y Centro Juvenil de Privación de Libertad de Varones II.

Datos recabados por la bancada Encuentro por Guatemala señalan en el primer semestre del 2016, 127 menores de edad fueron reportados como escapados de diferentes hogares estatales.

3. “Los tratos inhumanos continúan”

En la citación con la bancada Encuentro por Guatemala, Cándida Rabanales, la jefa de la Secretaría de Bienestar Social confirmó que los niños, niñas y adolescentes que habitaban en el Hogar Seguro fueron trasladados a distintos puntos.

Según la información que proporcionó, al menos tres grupos de menores de edad fueron trasladados a inmuebles donde se aplica el modelo de residencia familiar, que es una división de los menores en grupos y residencias para albergar entre 12 y 15 personas, a cargo de equipos de atención multidisciplinarios. El plan de la institución es alquilar 16 inmuebles para implementar ese sistema.

Además, habían solicitado el inmueble en la zona 1 del Hogar Rafael Ayau, que es propiedad del Estado y que sus usufructuarios se negaban a devolver. En el inmueble vivía sólo una docena de adolescentes varones y tiene capacidad para muchos más. Después de una investigación de Nómada en la que se evidenciaron abusos por parte de la iglesia católica ortodoxa de Antioquia, está devolver el inmueble al Estado.

La secretaria Rabanales dijo a Encuentro por Guatemala que después del incendio, 106 menores de edad, la mayoría con discapacidades físicas, fueron trasladados al Centro de Educación Especial Álida España. Aunque el lugar no está diseñado para ser un albergue, la institución dijo que lo utilizaría de forma temporal mientras gestiona un espacio adecuado para los niños. Tres meses después, 74 continúan allí. Este nuevo lugar tampoco cumple con requisitos para ofrecer una vida digna.

El 30 de mayo, la PDH denunció en el Ministerio Público que las instalaciones de ese centro no son adecuadas para los menores de edad, ya que es una escuela donde no tienen espacios adecuados para vivir, donde todas las noches reciben colchonetas para dormir y donde están expuestos a filtraciones de agua y a una piscina sucia que atrae mosquitos y los expone a enfermedades.

“El Centro Alida España no es un hogar, sino que es un centro educativo, por lo que las instalaciones están diseñadas para funcionar como aulas”, refiere la denuncia y agrega que al no garantizar las condiciones mínimas, “la Secretaría se encuentra posiblemente provocando un trato inhumano y degradante para los menores de edad con discapacidad”, así como colocando en riesgo su vida, su desarrollo y su salud física y mental.

La visita de la PDH revela que a la fecha viven en ese lugar, 74 niños y niñas que no tienen cama ni litera, solo colchonetas para dormir. Tampoco cuentan con guardarropa, ni extintores ni rutas de evacuación.

4. Sobrevaloración de alimentos

Otra de las causas del motín de niñas y adolescentes del Hogar Seguro fue la mala alimentación que recibían, a veces vencida, con gusanos y de mala calidad. Esto empeora porque la Secretaría contaba con los fondos para garantizarles alimentos sanos.

El informe de la Contraloría revela que en el 2016 se adquirieron contratos por más de Q14.5 millones en alimentos para el hogar seguro, pero no existe documentación suficiente que demuestre que los jóvenes recibieron la comida.

El contrato más caro fue por Q14 millones para la empresa Banquetes de Guatemala, S.A., por once meses. De enero a noviembre del año pasado, el plato de cada comida fue de Q19.25 por desayuno, Q20 de almuerzo y Q20 de cena. Q60 diarios.

Aunque ese contrato estaba vigente, la Secretaría realizó una nueva licitación. En este evento fue adjudicado Alimentos Preparados Industriales, que por dos meses cobró Q537 mil. Sus precios por plato fueron por mucho, más baratos que el de la primera empresa: desayuno un Q7, refacción Q3, almuerzo Q9.95, refacción Q3 y cena Q7. Q30 diarios.

Esta situación fue denunciada por diputados de Encuentro por Guatemala. De acuerdo sus datos, en los primeros tres meses de este año las autoridades del Hogar Seguro gastaron Q6.1 millones en alimentos y la calidad de la comida no reflejaba el precio que se pagaba por ella.

En la denuncia, los diputados señalan que el derecho humano a la alimentación de los menores de edad no se otorgó con calidad y dignidad. Para los diputados de EG, el servicio fue visto como un negocio redondo entre las autoridades de la Secretaría y los proveedores, por lo que piden a la Fiscalía que indague en los contratos firmados desde el año 2012, cuando inició el gobierno del Partido Patriota, incluido una compra por Q17 millones a Fulanos & Menganos, la empresa del compadre del presidente Jimmy Morales y diputado actual por FCN al Parlacen, Omar Sánchez. Fulanos y Menganos, además, está vinculado a un otro de corrupción en el Registro de la Propiedad, donde recientemente fueron enviados a juicio Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales.

5. Las otras impunidades

Al menos desde el año 2009, según informes de la Contraloría, el presupuesto de la Secretaría de Bienestar Social no han sido gastados con transparencia. Los niños, niñas y adolescentes que deberían beneficiarse de ese sistema de protección y atención, también se enfrentaban a un sistema de corrupción, dónde, por ejemplo, se fingía la impermeabilización de un techo para desviar fondos. En el 2012, la exsecretaria de Bienestar Social, Silvia Raquel Vielman denunció que una de oficinas del Programa de Comedores Solidarios y Departamento de Inventarios de la SBS, pagó Q65 mil a la empresa Lotificaciones e Inversiones, por impermeabilizar un techo de lámina.

La misma Contraloría necesitó que hubiera una tragedia para fiscalizar casos de la última década.

De vuelta a 2016, la Contraloría señala que la Secretaría de Bienestar tenía Q1.2 millones para comprar prendas de vestir para los niños, niñas y adolescentes albergados; pero sólo gastaron Q142 mil, una décima parte.

A los niños, niñas y adolescentes albergados también les hace falta ropa.