Cuatro magistrados han manipulado la constitución salvadoreña

El orden democrático salvadoreño se ve amenazado por las resoluciones de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que integran la Sala de lo Constitucional (SC), ya que la influencia del órgano judicial en el ámbito de las políticas públicas anula y sobrepasa las decisiones y atribuciones de los otros dos poderes del Estado, el ejecutivo y legislativo.

«A partir de 2009 (la SC) empezó a emitir una serie de sentencias que en la actualidad han modificado varios artículos de la Constitución de forma antidemocrática, evadiendo seguir con el proceso establecido por la Constitución para realizar dichos cambios, se ha cambiado la Constitución por una vía informal: por vía de Mutación Constitucional», concluye el Observatorio Constitucional Salvadoreño (OCS), conformado por diferentes jurístas y expertos del derecho constitucional.

El año 2009 coincide con el triunfo histórico de la izquierda en el gobierno central, con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tras dos décadas de gobiernos de derecha con políticas económicas neoliberales y 17 años de la firma de los acuerdos, el 16 de enero de 1992, que pusieron fin a más de doce años de guerra civil. Una de las observaciones que diversos organismos internacionales realizaron con mayor vehemencia fue la exigencia de que se sustituyeran a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual se logró hasta el año 1994. Esto ocurrió debido a que el mismo sistema judicial no cumplía con su función constitucional.

«A pesar de que tras los Acuerdos de Paz se realizaron importantes cambios en el Sistema Judicial, hasta la fecha la Corte Suprema de Justicia no ha logrado cumplir con sus obligaciones de cara a la sociedad; todavía existen juicios que pueden tardarse más de diez años sin llegar a una resolución final; todavía existen más de mil jueces con denuncias graves y los magistrados parecen incapaces o desinteresados en resolver estos problemas, posiblemente por no entrar en contradicción con colegas de oficio», afirma el OCS.

El ordenamiento jurídico salvadoreño establece que el único mecanismo para modificar la Constitución es por medio de la Asamblea Legislativa, según lo regulado en el artículo 248 de la carta magna, no obstante los cuatro magistrados Rodolfo González, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez y Sidney Blanco, han contravenido tal artículo modificando a través de sus sentencia el texto constitucional, modificando incluso normas pétreas, excediendo con ello sus competencias constitucionales. 

Desde la SC se ha modificado el sistema electoral salvadoreño, causando una grave problemática por la implementación del voto en las elecciones de 2014 y 2015; asimismo se ha bloqueado financieramente al Estado mediante 12 sentencias que tienen como objetivo mantener desfinanciado al Estado, llegando al punto de poner en riesgo de impago al mismo, como caso emblemático el de la sentencia de inconstitucionalidad con referencia 35-2015 en el cual bloquearon la emisión de bonos por 900 millones de dólares, que serían utilizados en materia de seguridad así como para llevar a cabo políticas públicas de carácter social (programas sociales); de la misma forma se han destituido a más de 132 funcionarios, de primer y segundo grado, por lo cual la institucionalidad se ha visto afectada al caer en acefalía constantemente.

«Los jueces en un sistema verdaderamente democrático, no sustituyen nunca al legislador, ni al Ejecutivo, pues es el pueblo quien ha elegido al Presidente de la República, a los Diputados, a los Diputados del Parlamento Centroamericano; mientras que los magistrados de la Sala de lo Constitucional, son funcionarios temporales, que pueden tratar de hacer mucho mal o mucho bien, pero que en ningún momento deben tratar de implementar o modificar políticas públicas», resume el OCS.

El Sistema de pesos y contrapesos delineado en la carta magna obliga a los diferentes órganos a colaborar entre sí en el ejercicio de las funciones públicas, según el artículo 86 de la constitución salvadoreña, ello con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los fines del Estado. En ese sentido, el Observatorio aclara que no es posible que en un sistema democrático cuatro personas quieran tomar decisiones políticas a espaldas de la sociedad, «si los cuatro magistrados desean tomar decisiones políticas deberían acudir a las elecciones y ganar el apoyo del pueblo, pero de lo contrario deben limitarse a acatar las leyes de la República y a respetar la Constitución», manifiesta.

En relación a las más recientes resoluciones de la SC que afectan el pago de pensiones a miles de trabajadores y declara inconstitucionalidades en el actual Presupuesto General de la Nación, la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y Democracia (UNAJUD) exige la renuncia de los magistrados de la SC por estar «judicializando la política, mediante una agenda electoral pretendiendo generar crisis en el gobierno a través del ahogamiento financiero, desestabilidad polìtica e intromisión en otros órganos del Estado» para que el gobierno no pueda cumplir con sus compromisos sociales con la población.