México. Gobierno de Peña Nieto rendirá cuentas ante la ONU sobre situación de DDHH en el último lustro

Ruiz Cabañas y el resto de la delegación llegarán al Examen Periódico Universal (EPU) con datos negativos: en el país hay por lo menos 37 mil personas no localizadas o desaparecidas; sin contar con un sistema nacional de búsqueda que funcione como marca la ley.

En lo que va del sexenio, 47 periodistas han sido asesinados, no se ha dado certeza al programa para su protección, y a causa de la violencia han sido desplazadas internamente más de 310 mil personas, en los últimos 10 años, según organizaciones ciudadanas.

ONG mexicanas adelantaron su veredicto sobre Peña Nieto como jefe del Ejecutivo: más allá de lo que digan sus representantes en Ginebra, está reprobado por el deterioro de la seguridad en el país, por la impunidad que prevalece y la corrupción.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo a Animal Político a unas horas del EPU que al terminar el gobierno de Peña Nieto el país tiene “grandes pendientes”, situaciones graves en distintos ámbitos.

“Las desapariciones son un tema particularmente dramático en México, con 37 mil oficialmente registrados como desaparecidos. Tortura es otro tema que hemos abordado, por ejemplo en el informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa”, dijo Jarab.

“Estamos muy preocupados por la situación de defensores y de periodistas de derechos humanos, no sólo por todas las incertidumbres en el mecanismo de protección, sino por todo el contexto que facilita agresiones en contra de periodistas y defensores. Los números de agresiones, e incluso de asesinatos, son terribles, y estoy convencido que también, en cualquier revisión, en un proceso como el EPU, se va a considerar”.

Según cifras oficiales de ACNUDH, en lo que va de año han sido asesinados 21 defensores de los derechos humanos, nueve de ellos de comunidades indígenas.

Jarab también señaló los pendientes de México en la protección a los derechos de los pueblos indígenas, y la población migrante.

El representante no quiso dar un juicio contundente sobre el gobierno de Peña Nieto, aunque sí insistió en el tema de los problemas que aún no encuentran solución. Un episodio amargo o “decepcionante”, relató, fue el no lograr convencer a esta administración para que aceptara que el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas tuviera la facultad de analizar casos individuales, que no encuentran solución con las autoridades mexicanas.

Otro trago amargo se dio cuando el gobierno de Peña Nieto cuestionó la validez de un reporte de ONU-DH México, sobre tortura en la investigación federal sobre el caso Ayotzinapa, aunque al respecto Jarab mencionó que a fin de cuentas dicho reporte repercutió en que un Tribunal ordenara reponer toda la indagatoria sobre la desaparición de los normalistas.

Sin dar un calificativo al gobierno de Peña Nieto, Jarab mencionó que hay elementos para pensar que la próxima administración, de Andrés Manuel López Obrador, podrá lograr cambios positivos en materia de Derechos Humanos.

Aunque insistió en que lo mejor es no especular demasiado, Jarab recordó que López Obrador invitó a ONU-DH México a colaborar en la investigación sobre Ayotzinapa, y que también ha dado señales de avanzar en temas como las políticas de migración.

Para el EPU de este miércoles, en el Palacio de las Naciones, 108 países se inscribieron para hacer recomendaciones o preguntas a México. Estados Unidos será el primer país en participar, después Uruguay y en tercer sitio Venezuela.

“¿Qué es de esperarse? El gobierno de Peña Nieto dirá que hay mejores leyes, la ley de víctimas, la ley general de desapariciones forzadas, pero a la hora de la hora los esfuerzos de implementación de la atención a víctimas o de la comisión nacional de búsqueda son insuficientes, o están muy por debajo de lo que se necesita”, anticipó Emilio Álvarez Icaza, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Habrá siempre muchas cosas qué presumir, de lo que hace el Congreso, pero de eso a que se traduzca en una mejora de la calidad de vida de las personas, o en la protección de los derechos, yo lo veo muy distante”, coincidió José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos (CMDPDH).

El lunes, a dos días del Examen Periódico del 7 de noviembre, se pudo conocer un documento anexo del gobierno mexicano, donde señala su respuesta a cada una de las recomendaciones hechas en en el EPU de 2013.

Cómo lo dijo Álvarez Icaza, se presumen avances legislativos, entre ellos la ley que puso como mandato crear el Sistema Nacional Anticorrupción, para combatir la impunidad, aunque dicho Sistema sigue sin operar, pues no se ha integrado de forma completa.

Sobre crear una base de datos de migrantes desaparecidos, aunque no existe, el gobierno anotó la recomendación como cumplida, ya que se estableció en México un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviada o Desaparecidas, y se ha tenido contacto con El Salvador y Honduras, para lograr acuerdos de intercambio de información, sin que se detalle cuál fue el avance de dichas pláticas.

Respecto a recomendaciones para acabar con los asesinatos y amenazas contra periodistas, además de garantizar investigaciones exhaustivas y efectivas, el gobierno reconoció que es una tarea incumplida, que aún está “en proceso” ya que por ejemplo de 2015 a junio de 2018, con la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), sólo ha habido cuatro sentencias por ataques contra comunicadores.

Por su parte, Roberto Velasco, en representación de Marcelo Ebrard -próximo canciller mexicano-, dijo que “a  la par del trabajo con otras naciones del mundo, el gobierno del Lic. López Obrador busca estrechar lazos con organizaciones internacionales que puedan coadyuvar al desarrollo de México en temas de corrupción, impunidad y seguridad. Con especial énfasis se prevé colaborar en el tema de derechos humanos, para alcanzar las urgentes metas establecidas por el presidente electo”.

De acuerdo con Velasco, debido a que la agenda internacional se encuentra cada vez más bajo escrutinio de la sociedad organizada, el equipo del presidente electo ha permanecido en constante comunicación con organizaciones sociales para “estrechar la colaboración y dar un espacio a sus agendas”.

“Específicamente en temas de política exterior, el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil está centrado en agendas de derechos humanos, migración y seguridad”, detalló.