El Gobierno de facto de Bolivia anuncia investigaciones a 592 personas vinculadas a Evo Morales
El anuncio lo hizo este miércoles el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.
El Gobierno de facto de Bolivia informó este miércoles que serán investigadas 592 autoridades del Gobierno del dimitido presidente de Bolivia, Evo Morales.
El anuncio lo hizo el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, quien adelantó que entre los investigados se encuentra el propio Morales, miembros de la cúpula del Movimiento al Socialismo (MAS), familiares, exministros, exviceministros, exjefes de gabinete, exautoridades de organismos públicos y empresas estatales, que hayan tenido funciones entre 2006 y noviembre de 2019.
Adujo que esta acción se toma por la necesidad que tienen los países de recuperar los activos que hayan sido producto de delitos de corrupción, terrorismo y narcotráfico.
Del mismo modo, aseveró que se espera «tener algún reporte» de las investigaciones en tres meses para así identificar y recuperar activos en el extranjero.
¿Quiénes están incluidos?
El ministro de Justicia de facto se negó a adelantar los nombres de los que serían parte de las indagatorias pero expresó que en la lista entran «todas las autoridades jerárquicas del órgano Ejecutivo«, es decir, «expresidente, exvicepresidente, exministros y exjefe de Gabinete» y quienes ya tengan abiertos procesos penales.
De igual modo, utilizando la definición de «personas expuestas políticamente«, utilizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para definir a quienes han desempeñado funciones públicas dijo que en la investigación se incluía a políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales, militares, altos ejecutivos de empresas estatales y funcionarios importantes de partidos políticos.
Según explicó, la investigación busca determinar quiénes son las «personas que han cometido delitos de corrupción y que han desviado los recursos públicos, que los hayan desviado los dineros públicos y estén ahora en el extranjero».
Coimbra explicó que se creó un grupo conformado por el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Gobierno «para lograr la recuperación de activos en el extranjero».
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