Más de 72.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en Colombia entre enero y noviembre de 2021

Un total de 72.300 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en Colombia entre enero y noviembre de 2021, reseña la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en su más reciente informe de «Impacto y tendencias humanitarias».

De acuerdo con el estudio, los desplazamientos se dieron en el marco de 159 emergencias masivas. La cifra representa un incremento de 62 % en el número de eventos y de 196 % en la cantidad de personas desplazadas, en comparación con el mismo periodo de 2020, cuando fueron reportadas 24.469 víctimas, lo que al incluir diciembre de ese año totalizó 26.291.

El reporte de la OCHA indica que del total de personas afectadas por los desplazamientos, al menos 39.400 (54 %) son afrodescendientes, 12.848 (18 %) son niños y niñas, 11.113 (15 %) son indígenas y 5.200 (7 %) son mujeres.

Según el informe, las causas de los desplazamientos masivos se vinculan principalmente (33 %) a situaciones de amenaza por parte de Grupos Armados No Estatales (GANE), que recurren a panfletos, llamadas y otros métodos para atemorizar a la población.

Adicionalmente, los enfrentamientos entre los GANE generan 24 % de los desplazamientos, mientras otro 9 % se da por su hostigamiento. La situación se hace más crítica porque del total de afectados, apenas 26 % (19.229  personas) ha podido volver a sus lugares de origen, en su mayoría sin conseguir garantías de seguridad.

Esa coyuntura ha hecho que 53.159 personas se mantengan en condición de desplazados y con necesidades fundamentales, como falta de alojamiento, seguridad alimentaria, salud, agua, saneamiento, higiene y protección. Solo en noviembre, al menos 6.000 personas se vieron obligadas a desplazarse en 19 emergencias humanitarias. Nariño fue el departamento más afectado, con 3.000 casos.

Otra forma de agresión: amenazas y confinamientos forzados

De acuerdo a registros de la OCHA, en los 11 meses analizados de 2021, otras 57.700 personas fueron forzadas a confinarse ante la presencia y el accionar armado de los GANE. A este dato, además, deben sumarse diversas restricciones a la movilidad y de acceso a bienes y servicios básicos, impuestas por los grupos irregulares, que han afectado a otras 57.500 personas.

Según el informe, 32 % de las emergencias por confinamiento forzado fueron determinadas por amenazas directas de los GANE contra la población, que buscan imponer «control social» en zonas estratégicas para sus actividades económicas ilícitas. Otro 18 % se originó por enfrentamientos armados que dejan a la población civil en medio del fuego cruzado.

También influye la colocación y «contaminación» de los territorios con minas antipersonas y municiones sin explotar, sobre todo en comunidades de los departamentos de Antioquia y Chocó. Las poblaciones más afectadas por estos casos son la indígena, con 45.100 (78 % del total reportado); la afrodescendiente, con 10.400 víctimas (18 %); niños, con 1.373 (2 %); y mujeres, con 774 (1%).

Ataques y efectos de la violencia armada

La OCHA detalla en su estudio que entre enero y noviembre de 2021 recibió reportes de más de 2.200 ataques en contra de la población civil, y que en su mayoría los lugares afectados coinciden con los municipios con mayor ocurrencia de desplazamientos forzados. Además, durante el período analizado, los ataques en contra de la población han aumentado 36 % en comparación con 2020.

A esto se debe agregar que durante esos 11 meses se registraron al menos 99 incidentes (43 % más que en 2020) en los que la población sufrió restricciones de acceso a la ayuda humanitaria, incluyendo ataques directos contra misiones e infraestructura dedicas a esos fines.

El estudio señala que más de 239.000 personas han sido afectadas por eventos de violencia armada, 17.400 han recibido amenazas directas y más de 1.600 han sido blanco de «homicidios violentos, entre otros hechos victimizantes».

La violencia en Colombia, precisa el informe, tiene mayor incidencia en los departamentos ubicados en la región Pacífico y en las zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela.

En la lista destacan los departamentos de Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Caquetá y Meta, zonas que además concentran el 75 % de los homicidios perpetrados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por su parte, el Norte de Santander, Sucre y Magdalena puntean en amenazas contra la población.

Finalmente, y en comparación con 2020, la OCHA registró durante esos 11 meses de 2021 un incremento de 36 % en acciones armadas de las GANE que —concluye el análisis— «tienen un impacto humanitario directo sobre la población civil», a pesar de que no siempre causan emergencias de carácter masivo como son los desplazamientos y confinamientos forzados.