Chile: la lucha por los derechos laborales en la Convención Constitucional

El 13 de marzo de 2022, dos días después de que Gabriel Boric iniciara su mandato presidencial, Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, declaró en una entrevista para 24 Horas, refiriéndose a las prioridades del Gobierno para el 2022, que su deber es “acompañar y apoyar el proceso constituyente”. Estos dos procesos – la instalación del Gobierno de Boric y la redacción de una nueva Constitución – están interrelacionados y son fundamentales para la construcción de un “nuevo Chile”.

Ambos procesos surgen de un largo período de movilización del pueblo chileno, que primero puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) a través del plebiscito de 1989 y luego luchó en un ciclo de protestas (entre las que destacan las movilizaciones estudiantiles de 2006, 2011 y 2015 y el “estallido social” de 2019) para enterrar la Constitución golpista de 1980 y el status quo sostenido por los Gobiernos de centro derecha que siguieron al fin de la dictadura de Pinochet.

Chile pagó un alto precio durante la dictadura y en las décadas posteriores, cuando el pueblo luchaba por democratizar el Estado. En los últimos años, la represión contra los manifestantes ha sido brutal. Vallejo lo subrayó en la entrevista con 24 Horas: “Hay mucha gente que quedó atrás” en el proceso de garantizar la democracia y una nueva Constitución para Chile. “Hay mucha gente que perdió sus ojos, que fue mutilada, que fueron víctimas de agresiones de distinto tipo, que murieron por tener este proceso constituyente (…) entonces obviamente que ponemos nuestra fuerza y nuestra energía para que gane el apruebo [en el plebiscito de salida del 2020], para que podamos decir que de aquí en adelante que tenemos una constitución en la que participamos todos y todas, en igualdad de condiciones”.

Construyendo la Constitución

Entre el 15 y el 16 de mayo de 2021 Chile votó para elegir a los y las 155 convencionales, quienes conformarían la Convención, y que tendrían la responsabilidad de redactar la nueva Constitución del país. La Convención Constitucional se instaló formalmente el 4 de julio de 2021. Antes de esto, muchos de los y las convencionales empezaron a trabajar con equipos voluntarios en sus territorios, organizando asambleas y recogiendo aportes y opiniones de la ciudadanía. De las 155 personas electas, solo 50 pertenecen a partidos políticos; el resto son independientes. Esta cifra demuestra el rol fundamental de los movimientos sociales en el proceso que condujo a la Convención. Hoy, después de la renuncia de uno de los convencionales, el equipo final está conformado por 77 hombres y 77 mujeres.

Úrsula Eggers es la presidenta del Sindicato Plurinacional de Trabajadores de la Convención Constitucional y de la Coordinadora de DD. HH. de Providencia. Conoce de primera mano las violaciones y atropellos ocurridos durante el estallido social: durante el 2019, asistió a todas las manifestaciones como observadora de DD.HH. Como parte de su trabajo, Eggers realizó registro de las agresiones, acompañamiento en el proceso de detención y después durante la defensa de las víctimas de la represión policial. “Sabemos el costo que ha tenido este proceso”, me dice. No es la única. Las personas contratadas como asesores y asesoras de la Convención Constitucional suman 370. Muchos y muchas han formado o forman parte de diversos movimientos sociales, que llevan décadas luchando por la defensa del agua, el derecho a la vivienda, a la educación y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Son personas sensibles a la violencia ejercida durante años por el Estado contra quienes demandan diferentes formas de justicia.

Aportando desde su experiencia en movimientos sociales, los distintos trabajadores que acompañan el trabajo de los y las convencionales, decidieron formar un sindicato: el Sindicato Plurinacional de Trabajadores de la Convención Constitucional. Comparten la afirmación de Vallejo de que la Constitución debe ser redactada “con la participación de todos y todas, en igualdad de condiciones”. Los miembros de este sindicato plurinacional son asesores y asesoras, cuyo vínculo laboral se establece con un ministerio del Gobierno conocido como la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES). No son los únicos que trabajan para la Convención. También están las personas responsables de la limpieza, el personal de seguridad, los secretarios (empleados del ex congreso) y personal ad honorem, que proviene especialmente de las universidades. Los y las asesoras, dice Eggers, hacen un trabajo que va más allá de lo que una podría suponer. “Desarrollamos todo el trabajo administrativo necesario, pero también de investigación, de redacción, de ir a sacar fotocopias y de comprar comida”, dice. Todo lo necesario, cotidianamente, para que la convención avance. “Nosotros somos el recurso humano que hace funcionar la convención (…) los convencionales cumplen un rol político, y está bien que así sea, pero quienes escribimos incluso las normas que ahora se están votando somos nosotros, y las escribimos a las 2, 3, 4 de la mañana, con reuniones de 8 de la mañana a 8 de la noche”.

El trabajo es intenso porque la Convención trabaja con un plazo muy ajustado, para terminar la Constitución en nueve meses (extensibles a doce). Por eso las jornadas laborales han sido tan largas y las exigencias a los trabajadores enormes.

La clase trabajadora

“Lo que esperamos del Nuevo Chile,” me dice Eggers, “es [que sea un lugar] donde se valoren otras cosas y se entienda que hay gente con mucha capacidad y mucha experiencia, sin necesidad de tener un título profesional”. Los sectores conservadores de la Convención quisieron “profesionalizar” el trabajo de los asesores, estableciendo requisitos como años de experiencia profesional y títulos universitarios. Sin embargo, en la discusión del reglamento finalmente se impuso la opinión de trabajadores como Eggers. “Nosotros no pertenecemos al sector social que tiene grandes recursos adicionales o muchos ahorros o una gran red a la que pedirle prestado”, me dice Eggers. “Tampoco pertenecemos al sector político que tiene grandes fundaciones detrás”, agrega.

De los 50 miembros de la CC que pertenecen a partidos políticos, 37 pertenecen a partidos de derecha, que tienen sus propios think tanks como la Fundación Jaime Guzmán o la Fundación Cuide Chile (instituciones que han defendido la dictadura de Pinochet y que, recientemente, se han quejado de ser “censuradas” durante el proceso constituyente). Los sectores progresistas de la Convención, en cambio, cuentan con personal que proviene de los movimientos y no tienen acceso a financiamiento externo. “Nosotros no nos identificamos como asesores sino como trabajadores, porque somos clase trabajadora”, me dijo Eggers. La amplia lucha de clases en Chile se refleja en la lucha por mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras de la Convención Constitucional.

Un sindicato plurinacional

La formación del sindicato plurinacional se anunció el 4 de noviembre de 2021, en vista de “las múltiples vulneraciones a derechos laborales como la inexistencia de contratos, sueldos impagos (…) falta de espacios para trabajar y alimentarse, jornadas laborales de lunes a domingo y de 12 horas o más”, según su comunicado de prensa. Es revelador que todas las personas sindicalizadas provengan de fuerzas políticas o movimientos de izquierda. “No porque nosotres hayamos excluido a la derecha”, me dice Eggers, la presidenta del sindicato, “sino porque ellos suelen resolver solos si tienen algún problema”.

Aunque “dignidad” es una palabra muy utilizada en los debates de la Convención Constitucional, algunos de los derechos de los y las trabajadoras parecen estar siendo pasados por alto. “Acá se está escribiendo la idea de un futuro acuerdo social del país”, me dice Eggers, “y no podemos hacerlo vulnerando derechos de los trabajadores”. Durante los primeros cuatro meses de su trabajo, los asesores no cobraron. “Había que levantar la voz”, me dice, “porque no estábamos siendo valorados”.

El sindicato ha conseguido regularizar los salarios del 93% de los trabajadores, que era su primer objetivo. Ahora siguen otros puntos, centrales en los debates de la Convención sobre la protección de los intereses de la sociedad en general, pero que han sido desatendidos al momento de ofrecer protección a los propios trabajadores de la Convención. Entre ellos, la provisión de un sistema de cuidados para los hijos, hijas e hijes de las y los trabajadores y espacios dignos para que los y las asesoras realicen su trabajo. La SEGPRES, órgano designado para “el apoyo técnico administrativo y financiero de la Convención”, está ahora dirigida por Giorgio Jackson, un ex líder estudiantil. Esto podría significar un cambio.

Cuando hablé con Eggers sobre las dificultades para acortar las largas jornadas laborales (en pos de cumplir el cronograma definido para la escritura de la nueva Constitución) le dije que creía que no había salida para este punto. “Con la organización colectiva siempre hay salida”, me dijo ella. “Por lo menos callados no nos vamos a quedar”.