Cuba tacha de “infundada” expulsión de su diplomático en Colombia

El Gobierno del presidente colombiano Iván Duque expulsó el viernes al primer secretario de la embajada cubana en Bogotá, Omar Rafael García Lazo, tras declararlo “persona no grata”, y acusarle de realizar “actividades incompatibles” con su cargo de diplomático. Esta decisión se cursó en medio de la conmoción nacional por la brutal represión policial ante el estallido social en Colombia.

Las reacciones no tardaron en llegar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba expresó su enérgica protesta, enfatizando que la “injustificada acción pretende desviar la atención de la comunidad internacional y la sociedad colombiana de la represión violenta de las fuerzas militares y policiales contra los manifestantes, que han provocado decenas de muertes y cientos de heridos».

Por su parte, el director general para América Latina y el Caribe de la Cancillería de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez, denunció la expulsión de su colega y alegó que este acto es inamistoso y afecta al normal funcionamiento de la legación de la isla en el territorio colombiano.

Tras reafirmar que los diplomáticos de La Habana cumplen “con seriedad y rigor” sus obligaciones, Martínez puso de relieve que el embajador colombiano en La Habana había sido convocado con el objetivo de trasladarle el malestar.

El 28 de abril, diversas organizaciones sociales y políticas colombianas se manifestaron, en el marco de un paro nacional, en contra de la reforma tributaria, promovida por el Gobierno. El descontento social y la turba enfurecida lograron el pasado lunes tumbar el proyecto de ley, no obstante, las protestas siguen para exigir a las autoridades la solución de otros temas, entre ellos la brutalidad policial y las desapariciones.

Conforme a la Defensoría del Pueblo, hasta el momento, la represión policial contra los manifestantes ha dejado 37 fallecidos y decenas de desaparecidos y detenidos. Entretanto, el presidente colombiano es blanco de múltiples críticas por haber ordenado la militarización de las urbes del país para contrarrestar las protestas pacíficas.