La Asamblea Nacional de Nicaragua presenta una ley de Amnistía
De acuerdo a la Ley, la medida abarca incluso a las personas que continúan bajo investigación o cumplen sentencias por su participación en los actos desestabilizadores de 2018 en Nicaragua.
«Concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley», expresa el primer artículo del proyecto, publicada en la web oficial del Congreso nicaragüense.
La propuesta de la Asamblea Nacional es sustentada en la aprobación de varias leyes similares en gobiernos anteriores, y en la voluntad del Estado de avanzar en la estabilidad, asegurar la paz y el mejoramiento de las condiciones económicas de las familias nicaragüenses.
Según el texto, la medida abarca incluso a las personas que continúan bajo investigación o cumplen sentencias, por lo que las autoridades deberán cerrar los procesos penales, los reos serán liberados y se cancelarán los antecedentes de las personas beneficiadas.
El proyecto de ley, presentado en la sala de sesiones de la Asamblea, dedica secciones a los delitos políticos y comunes conexos, y a quienes reincidan en los ilícitos cometidos les será revocado el indulto.
«Las leyes de Amnistía han sido instrumentos jurídicos que han buscado abonar a la reconciliación de las sociedades, establecer estabilidad y avanzar en la construcción de una paz firme y duradera», argumentó la bancada Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Por su parte la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reiteró su renuencia al diálogo hasta la total liberación de lo que consideran «presos políticos» por su presunta participación en las manifestaciones.
En marzo pasado se instaló en Nicaragua una mesa de negociación entre el Gobierno y la Alianza en la que se acordó en abril la excarcelación en menos de 90 días de todos los opositores detenidos en el marco de las protestas.
El proceso de negociaciones, fue interrumpido unilateralmente en varias ocasiones por la Alianza Cívica, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por avanzar en los diálogos, la estabilidad y la paz del país centroamericano.
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