Tribunal Regional de Porto Alegre ordena la liberación inmediata de Lula da Silva
El líder brasileño ha permanecido 90 días detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba, estado de Paraná (sur) por orden del Tribunal Supremo Federal por el caso Lava Jato. Aún existe incertidumbre sobre la aplicación de la medida decretada por el magistrado Rogério Favreto, tras la oposición del juez federal Sergio Moro que sostiene la incompentencia del Tribunal Regional para tomar esa decisión.
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El Tribunal Regional Federal de Porto Alegre (TRF-4) de Brasil aceptó este domingo la solicitud del habeas corpus del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para autorizar su liberación de la cárcel y suspender el cumplimiento de la condena que cumplía por supuestos actos de corrupción.
La orden fue dada por el juez Rogério Favreto tras el admitir la solicitud de ‘habeas corpus’ de los diputados Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira por lo que se espera que ocurra en cualquier momento. Según el documento, la orden de puesta en libertad debe acatarse de forma inmediata, por lo que en principio debería llevarse a cabo esta tarde. Sin embargo, aún existen discrepancias sobre su puesta en libertad en la magistratura, ya que el juez federal Sergio Moro, responsable de sentenciar una condena de 12 años de prisión al expresidente en enero, sostiene que Favreto no dispone de las competencias para tomar esa decisión.
Urgente: el Desembargador Rodrigo Favreto del Tribunal 4to de Porto Alegre ordena que Lula sea liberado hoy (domingo 8/7), por el pedido de habeas corpus de los diputados Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira del Partido de los Trabajadores. pic.twitter.com/etNVleYN5J
— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) 8 de julio de 2018
A través de su cuenta en Twitter, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, manifestó su emoción por la noticia y aseguró que era «una victoria de la democracia y del Estado democrático de la ley».
Presidente Lula é liberado! Estamos felizes, é uma vitória da democracia e do Estado Democrático de Direito! pic.twitter.com/b0EwcdvXsd
— Gleisi Lula Hoffmann (@gleisi) 8 de julio de 2018
Por su parte, el corresponsal de teleSUR, André Vieira, informó que algunos parlamentarios se encuentran a las afueras de la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná (sur), donde Lula permanece detenido desde el pasado 7 de abril, condenado a 12 años y un mes de prisión.
Asimismo, expresaron que esta decisión fortalece la tesis de que hubo intereses detrás de la detención del líder brasileño y prevén que Lula retorne a los recorridos que hacía por Brasil como parte de su campaña por la Presidencia del país.
Sin embargo, el juez de primera instancia Sérgio Moro envió una solicitud para revocar esta medida, pero al ser dictaminada por un órgano superior de Justicia, de segunda instancia, debería prevalecer la decisión del TRF-4, explicó el diputado del PT, Damous.
Simpatizantes del exmandatario brasileño se encuentran a las afueras de la Policía Federal de Curitiba a la espera de su liberación.
Sostenimiento de inocencia
La defensa de Lula alegó en varias oportunidades que su estadía en prisión era una «ejecución anticipada» de la pena y que por tanto era inconstitucional, puesto que fue encerrado antes de que se agotaran todos los recursos. Asimismo remarcó que Lula, nuevamente candidato a la Presidencia, lidera las encuestas electorales. El propio expresidente ha reiterado su inocencia y pone en duda la de sus acusadores.
Una consulta realizada en junio reveló que Lula da Silva cuenta con 33 % de la intención de voto, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, con 15 %; la ecologista Marina Silva, con 7 %, el laborista Ciro Gomes, con 4%; y el socialdemócrata Geraldo Alkmin, también con 4 %.
No obstante, la situación jurídica del favorito impide, de momento, que pueda postularse a las elecciones, previstas para octubre de este año. De acuerdo con la ley electoral en Brasil, ninguna persona con condena ratificada en segunda instancia, como es el caso de Lula, puede presentarse como candidato a un cargo de elección popular, porque corre el riesgo de ser vetado.