Piñera eleva el tono y anuncia nuevas medidas para reprimir y criminalizar las protestas
El presidente chileno rechaza incluir ninguna política social en sus propuestas para desmovilizar las protestas, al tiempo que anuncia un endurecimiento de penas contra la protesta social.
El presidente chileno Sebastián Piñera parece haber adoptado la vía del atrincheramiento ante las movilizaciones que sacuden el país desde hace semanas. A pesar se sus aparente promesas de diálogo, acompañadas de unas propuestas que no incluyen ni mencionan ninguna de las reivindicaciones sociales que reclaman los manifestantes, el presidente chileno ha anunciado toda una serie de medidas destinadas a la criminalización de la protestas y a ahondar en la represión de las movilizaciones.
En un mensaje emitido el jueves desde el palacio presidencial La Moneda, el presidente chileno, Sebastián Piñera, ofreció una serie de propuestas para hacer frente a las protestas sociales, entre las cuales se destaca el envío al Congreso de una ‘ley antisaqueos’, que endurece las sanciones para este tipo de delitos, la discusión inmediata de una ley ‘antiencapuchados’ y otra iniciativa legislativa para endurecer las sanciones a quienes instalen barricadas incendiarias en las vías públicas.
“Estamos convencidos que esta agenda representa y constituye un aporte significativo e importante para mejorar nuestra capacidad de resguardad el orden público”, afirmó.
El mandatario chileno, del mismo modo, citó para la tarde de la misma jornada al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), un organismo estatal que asesora al mandatario en temas de seguridad.
El anuncio del presidente ha despertado reacciones inmediatas entre las fuerzas de la oposición. La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, aseguró que al citar el Cosena, el presidente del país “ha decidido endurecer su puño” y que en lugar de “escuchar a Chile, se aísla y se encierra en la guerra solitaria de él contra su pueblo”.
Ultimatum de los sindicatos
La política de bunkerización del mandatario chileno parece estar lejos de contener las movilizaciones que se viven en Chile desde el pasado 18 de octubre. Las principales organizaciones sindicales del país han enviado un ultimatum al ejecutivo, emplazando al presidente a responder en un plazo de cinco días de cara a negociar toda una serie de medidas estructurales entre las que se encuentran el inicio de un nuevo proceso constituyente que sustituya la Carta Magna heredada de la dictadura militar, el establecimiento de un salario mínimo de 500.000 pesos (600 euros) y la reforma del sistema de pensiones.
«El gobierno que usted preside tiene alta responsabilidad en esta crisis social y política, a la vez que es un actor en un modelo neoliberal que ha sido indolente a las necesidades reales de la gente», apunta el comunicado de lo sindicatos, interpelando directamente a Piñera.
El comunicado ha sido suscrito por las principales organizaciones gremiales y sindicales del país, como la Central Unitaria de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores, la Unión Portuaria de Chile, la Unión de Sindicatos de la Minería, la Coordinadora Nacional de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros, SINTEC, CONAECH o el Colegio de Profesores.
«Les comunicamos que vamos a profundizar las medidas de presión y vamos a organizar una nueva Huelga General», advierten en el comunicado. La huelga, de hecho, ya se encuentra convocada de cara al 12 de noviembre, fecha en la que las organizaciones sindicales y gremiales señalan que «paralizarán el país». Piñera, por el momento, observa desde el bunker.