Este 2 de diciembre, cuando se cumplen 45 meses del asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia impuso penas de entre 30 y 50 años de cárcel a los autores materiales del crimen.
Los siete acusados habían sido declarados culpables el 29 de noviembre del 2018 a través de un fallo oral, pero los jueces tardaron más de un año para dictar una sentencia escrita, generando muchas suspicacias y profunda preocupación entre los familiares de Cáceres y provocando inseguridad jurídica en el caso.
Los jueces condenaron a Sergio Rodríguez, gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), y a Douglas Bustillo, sargento retirado y ex subjefe de seguridad de DESA, a 30 años y 6 meses de prisión. Mariano Díaz, mayor de las FFAA de Honduras, fue condenado a 30 años.
En el caso de los otros cuatro imputados, a la condena por el asesinato de Berta Cáceres se le sumó la condena por el delito de asesinato en su grado de tentativa en perjuicio de Gustavo Castro, único testigo del crimen.
Henry Hernández, también militar retirado,
Edilson Duarte,
Elvin Rápalo y
Oscar Torres fueron condenados a 50 años y 4 meses de prisión.
“Solamente es un primer paso en el camino por la justicia. Se han condenado a los autores materiales del crimen y esto no es suficiente para romper el muro de impunidad. Seguimos demandando justicia integral, es decir la condena de todas las personas involucradas ”, dijo Bertha Zúniga, hija de Berta Cáceres, después de la sentencia.
La actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), acompañada por su hermano menor Salvador Zúniga Cáceres, recordó que el fallo oral del año pasado señalaba que altos directivos de DESA, empresa titular del proyecto energético Agua Zarca contra el cual tanto Berta Cáceres como el Copinh lucharon durante años, participaron en la planificación del crimen.
En las afueras de la Corte Suprema de Justicia, miembros de comunidades lenca organizadas en el Copinh y de diferentes organizaciones sociales y populares realizaron un plantón pacífico en exigencia de justicia para Berta Cáceres. A pocas decenas de metros del lugar del plantón, un fuerte contingente policial controlaba la situación.
Una vez dictada la sentencia condenatoria,
Bertha y
Salvador Zúniga Cáceres dieron lectura a un comunicado del Copinh, donde volvieron a exigir que se proceda contra el ex oficial de inteligencia militar y ex presidente de DESA,
David Castillo, y contra los integrantes de la familia
Atala Zablah.
«Esta sentencia es una primera fisura al muro de impunidad total que sostiene a la estructura criminal responsable del crimen, y es consecuencia de la tenacidad de la lucha del Copinh, la familia y la solidaridad nacional y del mundo.
Berta, nuestra hermana, seguirá siendo un símbolo de lucha y esperanza para todos los territorios que hoy continúan la batalla en defensa de la vida, y que hoy son perseguidos y criminalizados por esta dictadura.
Esta sentencia -concluye el comunicado- es el inicio de un camino implacable de justicia para los pueblos y para Honduras».
