Fallas en sistema carcelario brasileño apresan a Temer en otra crisis

Mientras se pretenda aliviar los efectos de la criminalidad sin combatir sus causas, la situación solo empeorará, advirtió en una carta abierta a Temer el fraile dominico Frei Betto, quien recordó que él también fue preso común durante la época de la dictadura antes de señalar que de entonces a acá las cosas en los presidios solo se agravaron.

Los gobiernos del Brasil democrático tomaron una única medida, la misma que el presidente Temer anunció hace poco: construir nuevas cárceles, lamentó el teólogo de la liberación y recordó que hoy en Brasil guardan prisión unos 660 mil ciudadanos, los cuales dentro de poco pudieran llegar a un millón.

A raíz de la masacre de comienzos de año en el Complejo Penitenciario Anísio Jobin (Compaj), del estado de Amazonas – la segunda mayor de la historia con saldo de 56 reos asesinados y que el propio Temer catalogó como ‘un accidente pavoroso’ – el gobierno brasileño dio a conocer algunas medidas para contener el caos en el sistema penitenciario del país, catalogadas de tímidas por medios de prensa.

Las dos acciones fundamentales anunciadas fueron la construcción, sin plazo definido, de nuevas cárceles en las 27 entidades federativas y de cinco prisiones de máxima seguridad. Estas últimas, según el portal de noticias UOL, reducirían en apenas 0.4 por ciento el actual déficit de capacidades en los reclusorios.

De acuerdo con el último balance del Gobierno federal, citado por la publicación, en Brasil existen 622 mil 200 reclusos, cuando los presidios están en condiciones de alojar alrededor de 371 mil 900.

En el caso del Compaj -donde detonó una semana de asesinatos que se extendió a la Unidad de Prisión de Puraquequara y la Cárcel Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, ambas en Manaus, y a la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo, en Roraima- existía allí una superpoblación penal del 254 por ciento.

Durante una visita al centro realizada a comienzos de diciembre pasado, la Secretaría de Derechos Humanos constató que mientras la cárcel tenía capacidad para recibir 450 reos, en realidad encerraba en las 110 celdas de sus cuatro pabellones a mil 147.

En una conferencia de prensa, el ministro de Justicia Alexandre de Moraes, cuya frustrada intención de desviar recursos del Fondo Penitenciario Nacional para otros sectores salió a relucir en estos días, culpó por la matanza del Compaj a la empresa Umanizzare, responsabilizada de la administración del presidio.

No tengo ninguna duda que hubo una sucesión de errores cometidos por quienes se encargan de la cárcel. De lo contrario, no habrían ingresado allí machetes, armas pesadas, bebidas y teléfonos móviles, declaró.

Umanizzare junto a otras dos entidades forma parte del consorcio Pamas, contratado en 2015 por el gobernador de Amazonas, José Melo, para la gestión, operación y mantenimiento de cinco cárceles del estado por 27 años, prorrogables hasta 35, y por un monto de más de 205 millones de reales (alrededor de 65 millones de dólares).

Sus vínculos con la administración amazónica, sin embargo, vienen de más atrás y de según informes de prensa le reportaron desde 2010 ingresos superiores a los 809 millones de reales (unos 250 millones de USD), pese a enfrentar procesos instaurados por el Ministerio Público por irregularidades e ilícitos cometidos en dos instituciones carcelarias.

Mas, si la masacre del Complejo Penitenciario Anísio Jobin fue la que ganó mayor notoriedad por su dimensión y crueldad, la ocurrida solo días después en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo, la más grande del estado de Roraima, fue la que más directamente golpeó a Temer.

Un desafortunado comentario sobre la tragedia que costó la vida a 33 reclusos obligó al secretario nacional de Juventud y presidente licenciado de la Juventud Nacional del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMD), Bruno Júlio, a presentar su dimisión.

Tendrían que matar más (presos) y hacer una masacre por semana, declaró al periódico O Globo el ex alto funcionario de la Presidencia de la República, quien con posterioridad manifestó que sus apreciaciones (de las cuales nunca llegó a retractarse) fueron hechas a título personal al periodista una vez terminada la entrevista.

Tras la masacre del Compaj, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) dio a conocer una declaración en la cual subrayaba que ésta no podía ser vista como un hecho aislado, sino como ‘reflejo de la crónica situación’ de las cárceles de Brasil.

La Acnudh exigió además a las autoridades brasileñas que se acometa ‘una investigación inmediata, imparcial y efectiva’ de los hechos y que quienes resulten responsables por los mismos sean llevados ante la justicia.

lam/mpm