Honduras. Guapinol resiste la embestida extractivista

Son ocho los defensores de los bienes comunes de la comunidad de Guapinol, al noreste de Honduras, que todavía guardan prisión – siete en Olanchito y uno en La Ceiba – por defender el territorio y los ríos que bajan del Parque Nacional Montaña de Botaderos, cuya zona núcleo está siendo amenazada por la empresa minera Los Pinares.

La empresa, que supuestamente tiene también participación extranjera, es propiedad de Lenir Pérez, ya involucrado en el pasado en otros conflictos mineros, y Ana Facussé, hija del tristemente famoso terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum.

El nombre de Facussé ha sido relacionado en el pasado con el grave conflicto agrario del Bajo Aguán y con el despojo territorial en la península de Zacate Grande.

Jeremías Martínez Díaz, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez están siendo acusados de diferentes delitos, entre otros, de asociación ilícita, detentación de espacio público, robo, privación de la libertad, incendio agravado, usurpación y daños.

Ellos son parte de un grupo de 32 personas que fueron requeridas fiscalmente y en contra de las cuales se ha emitido orden de captura.

«En esta zona nacen alrededor de 34 fuentes de agua que abastecen ciudades y comunidades. En especial los ríos Guapinol y San Pedro son los que están sufriendo los principales impactos.

Las comunidades siempre se han opuesto a los proyectos mineros, pero nunca han sido consultadas. Hubo una gran manipulación del Estado que al final otorgó una concesión minera que es totalmente ilegal», dijo Leonel George, directivo de la Cooordinadora de organizaciones populares del Aguán, Copa.

El año pasado, George y otros 11 activistas de Guapinol fueron acusados de los mismos delitos que se les imputan ahora a los ocho defensores. Fueron encarcelados durante casi dos semanas y finalmente, en el mes de marzo, fueron sobreseidos definitivamente.

Leonel George es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión interamericana de derechos humanos, Cidh, tras ser víctima de una fuerte campaña de desprestigio y amenazas.

«La situación es difícil. Hay toda una estrategia mediática para desprestigiar y manchar nuesta imagen, vinculándonos con el crimen organizado. A mí hasta me han presentado como un actor ideológico de una banda criminal que se da a la tarea de atacar policías y militares.

Todo parece tan absurdo, pero así es como trabajan los que, desde el Estado y el capital, criminalizan y hostigan judicialmente a quienes luchamos en defensa de los bienes comunes», explicó George.

¡Criminalizados!

A pesar de varios intentos de lograr una revisión de medidas cautelares, los jueces han venido denegando sistemáticamente esta posibilidad, y los ochos defensores del agua de Guapinol siguen presos.

Ahora el caso se encuentra en la Corte de Apelación y se espera que los magistrados resuelvan positivamente, y que los activistas puedan defenderse en libertad.

«Igual que nosotros, estos ocho compañeros no le temen al juicio porque saben que no han cometido ningún delito. Lamentablemente en Honduras parece que la presunción de inocencia ya no existe», advirtió el directivo de Copa.

Lo que ocurre a los miembros de la comunidad de Guapinol no es un caso aislado.

«Aquí es el poder económico que decide todo, y quien llega a gobernar va a responder a los intereses de los grupos económicos. Desde las instituciones del Estado todos están alineados y se prestan para atacar a quienes se oponen a esta lógica.

Y esto no pasa solamente en Honduras. En todos los países donde prevalece la lógica extractivista y explotadora hay presos políticos», concluyó George.

En defensa de los ocho defensores del agua de Guapinol se ha lanzado una campaña internacional para exigir su liberación inmediata. Además diferentes organizaciones nacionales han presentado una solicitud al Ministerio público para que desista de la acusación contra ellos.