Aumenta el riesgo de una grave crisis humanitaria en Haití tras el magnicidio
- Alianza por la Solidaridad-ActionAid alerta de las consecuencias de una crisis política, que paraliza el país justo en plena ola de COVID-19, y con 4,4 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria.
Puerto Príncipe/Madrid, 09/07/2021.- El asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, esta semana en su domicilio, y el posterior Estado de Sitio declarado por el Gobierno de Haití para los próximos 15 días, supone ‘de facto’ la suspensión de las actividades de las instituciones y ONG. Alianza por la Solidaridad-ActionAid, que trabaja con población ya muy vulnerable, alerta del riesgo de una grave crisis humanitaria en un momento en el que se recrudece el impacto de la pandemia de COVID-19 y coincidiendo con la estación ciclónica.
La organización española, que tiene un equipo en el país a cargo de diferentes proyectos de acción humanitaria, avisa de las funestas consecuencias de esta inestabilidad política, que, sumada a la crisis social, económica y ambiental, puede aumentar el número de personas que ya está en situación de inseguridad alimentaria, 4,4 millones de un total de 11,2 millones.
Hay que recordar que desde 2018, el pueblo haitiano venía reclamando la salida del presidente Moïse por corrupción y malversación de fondos. En febrero de este año, si bien acababa su mandato según la Constitución, el dirigente haitiano no convocó las elecciones. Lo hizo finalmente este pasado mes de junio, tras la recomendación de una misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Haití. La primera vuelta de estas elecciones, cuya fecha que se mantiene tras el magnicidio, tendrá lugar el próximo 26 de septiembre y la segunda vuelta está prevista, en principio, para noviembre.
La situación se había deteriorado en los últimos meses, especialmente en Puerto Príncipe y otras ciudades, donde bandas de delincuentes armados –llamados ‘gangs’ –han asesinado a decenas de civiles y saqueado negocios. Además, se hacen con las redes de distribución de agua y combustibles, fundamentales para el funcionamiento de Haití, cortan carreteras y están detrás de numerosos secuestros de ciudadanos de todas las clases sociales. Con todo ello, la inseguridad había ya alcanzando extremos en la capital que hacían muy complicado cualquier movimiento, tanto personal, como de mercancías.
Alerta sanitaria y alimentaria
Todo ello tiene lugar en medio de una pandemia en la que se han multiplicado los casos en los últimos meses. Si entre marzo de 2020 y marzo de 2021 hubo 260 muertes y 13.149 infectados por COVID-19 en todo Haití, desde entonces las cifras se han disparado, sumando en los tres últimos meses otras 415 muertes y 18.341 casos más. Esta oleada de contagios ha llevado al colapso a los hospitales, que no disponen de electricidad para todos los equipos, ni oxígeno, ni camas suficientes. Así mismo, no hay noticias sobre la compra y la llegada de vacunas anti-COVID-19 a Haití. El riesgo de expansión comunitaria crece porque tampoco hay suficientes pruebas PCR o de antígenos, y sólo hay dos laboratorios públicos donde poderse hacer los test. Las pruebas en laboratorios privados tienen un coste que oscila entre los 50 y los 90 dólares, unas cantidades prohibitivas para la mayoría de la población.
A esta situación de inseguridad política, social y sanitaria, se suma la pérdida de las cosechas debido al impacto del cambio climático, así como la falta de recursos para tener semillas que plantar. Mercedes López, coordinadora de los proyectos de Alianza por la Solidaridad-ActionAid en Haití explica lo sucedido en los últimos días: “La cosecha de esta primavera se perdió con el paso de la tormenta tropical Elsa durante el pasado fin de semana. Se llevó lo poco que había porque se había sembrado poco por falta de dinero y porque parte se pierde cuando las lluvias llegan fuera de tiempo. Ahora, con el país paralizado, pueden subir los precios de los alimentos, dejando a muchas más personas sin poder tener ni siquiera la única comida que hacen al día”.
No ayuda, tampoco, la volatilidad de una moneda, el gourda, que pone en riesgo continuamente la capacidad adquisitiva de la población haitiana, afectando también a las organizaciones y entidades humanitarias que trabajan en el país.
Hasta que la situación no se clarifique, Alianza-ActionAid trabaja para garantizar la seguridad de todo su personal en Haití y espera poder recuperar lo antes posible los proyectos que tiene en marcha, tanto de asistencia alimentaria con el Programa Mundial de Alimentos o el departamento de ayuda humanitaria de la Unión Europea; como de desarrollo productivo, reforestación y prevención de desastres, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional.
La ONG hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye y contribuya a la estabilización del país caribeño, como primer paso fundamental para la recuperación de una sociedad, que en poco más de una década ha sido víctima del terremoto más mortífero que se ha registrado, huracanes como Matthew, sequías continuas, un sistema político corrupto y una violencia social que aumenta al mismo tiempo que la pobreza.