Doble emergencia en El Salvador

La situación es conmovedora, en momentos donde la recomendación para evitar el covid19 es quedarse en casa, numerosas familias han perdido la suya o están cerca de perderla; el distanciamiento físico tampoco funciona, la gente se aglomera para conseguir un poco de comida o agua limpia y en los saturados albergues resulta casi imposible hacer efectivo dicho distanciamiento.

La crisis alimentaria que se advierte pos pandemia, ahora se presentará con mayor intensidad, puesto que las tormentas ya causaron la ruina de miles de hectáreas cultivadas con maíz, frijol, hortalizas y frutales, además de cientos de cabezas de ganado perdidas.

En la década pasada El Salvador sufrió 5 fenómenos climáticos de gran magnitud: cuatro tormentas tropicales Ida, Agatha, Alex y Mathew y la depresión tropical 12E. juntas ocasionaron 244 muertes, afectaron a más de medio millón de personas y obligaron a albergarse a más de 86,000. Los daños materiales ocasionados por estos fenómenos fueron enormes para un país empobrecido, solamente las tormentas Ida, Agatha y la depresión tropical 12E, ocasionaron daños valorados en 1,267.3 millones de dólares.

Las pérdidas humanas y materiales que ocasionan estos eventos climáticos, no ocurren únicamente por la intensidad de las lluvias o la velocidad de los vientos. Cuando el fenómeno se combina con la pobreza y la consecuente vulnerabilidad en la que vive la mayoría de la población, surge el desastre. Otro factor que incide es la forma como desde las instituciones gubernamentales se enfrenta la situación, si la reacción es preventiva o si las acciones únicamente se concentran en atender las consecuencias.

Las tormentas ocurridas en la década anterior obligaron a los gobiernos a diseñar una política de gestión de riesgos y como parte de esta, se creó un sistema de protección civil con una estructura articulada desde un nivel nacional hasta el ámbito comunitario. En más de una ocasión este mecanismo fue activado y accionó de forma preventiva con bastante éxito; no obstante, dicha política fue desarticulada, por el gobierno de Nayid Bukele, desaprovechando toda la experiencia acumulada.

Esta decisión resultó en que ante la llegada de la tormenta Amanda, se hizo poco o nada para prevenir daños, a pesar que la información se conoció con tres días de anticipación. La norma en la actuación del gobierno, antes, durante y después de las tormentas ha sido la improvisación.

La emergencia por el covid19 también se ha gestionado de forma improvisada, con el agravante que se han impuesto normas drásticas y antidemocráticas, así como medidas autoritarias para hacerlas cumplir. Sobre este tema, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó:

El derecho internacional permite a los gobiernos restringir algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la causada por la COVID-19. Sin embargo, estas medidas deben ser necesarias y proporcionales. Estas deben además estar en concordancia con la Constitución y las normas y estándares internacionales de derechos humanos. También debe haber supervisión judicial y legislativa vinculante para el poder ejecutivo, y el ejecutivo debe acatarla. Me preocupa que este no ha sido el caso en El Salvador y que el gobierno está, por consiguiente, faltando a los principios fundamentales del estado de derecho”

Antes de la próxima emergencia, por el bien de El Salvador, es primordial que se corrija la forma de gobernar; que las decisiones se guíen por criterios técnicos y científicos, que se diseñen políticas públicas y planes efectivos, respetando el estado de derecho y los valores democráticos que rigen los destinos de los pueblos libres.