Seis meses de conflicto armado interno en Ecuador, ¿qué ha cambiado?

El decreto de Noboa implicó el despliegue de policías y militares por las calles del país, tras una ola de violencia sin precedentes y así aprehender a los miembros de las bandas criminales, catalogadas desde el 9 de enero pasado como terroristas.

El mandatario y otras autoridades del Ejecutivo, en sus pronunciamientos sobre el tema, destacan en sus discursos el éxito en la lucha contra la inseguridad, considerado el principal problema para los ecuatorianos.

El mensaje principal de la administración es una supuesta reducción de homicidios a nivel nacional, sin tener en cuenta otros delitos, como los secuestros o las extorsiones, que aquí denominan vacunas.

En declaraciones recientes, dirigentes del denominado Bloque de Seguridad, integrado por los ministros del Interior y Defensa, así como el comandante de la Policía y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, anunciaron diferentes porcentajes de reducción de muertes violentas.

Esta semana, en una rueda de prensa desde la ciudad de Manta, capital de la provincia de Manabí, donde el Bloque de Seguridad ubicó su sede, las autoridades informaron que se registraron 658 asesinatos este año, lo que equivale a una reducción del 18 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023.

Sin embargo, anteriormente el mismo Bloque indicó que hasta la semana 25 de 2024 las muertes violentas disminuyeron en un 27 por ciento.

Paralelamente, organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan los operativos y denuncian abusos, incluso torturas, por parte de las fuerzas del orden, fundamentalmente en las cárceles que desde enero están bajo el control de los militares.

La Corte Constitucional, por su parte, determinó que dos decretos de estado de excepción, firmados por Noboa para mantener los operativos en determinadas provincias, no se apegaban a la Carta Magna, aunque el mandatario insistió y actualmente hay una medida de ese tipo vigente en siete demarcaciones.

Más allá de los cuestionamientos, ¿ha disminuido la violencia en Ecuador?

El último decreto de estado de excepción, emitido por el Ejecutivo el 2 de julio, afirma que la criminalidad ha escalado cuantitativa y cualitativamente a un grado de intensidad alarmante e inusitado.

Luego, en una entrevista el pasado lunes, Noboa aseveró que a nivel nacional sí ha bajado la violencia y que los hechos que persisten se concentran en determinadas provincias, principalmente de la costa.

Cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), basadas en el Registro Estadístico de Homicidios Intencionales, señalan que entre enero y mayo del 2023 se cometieron dos mil 892 homicidios, mientras que de enero al 19 de mayo de 2024 hubo dos mil 225 muertes.

Esos datos, revelados en la revista Plan V, indican que si bien hay una reducción de muertes violentas, existen aún ciudades donde ese indicador sigue incontrolable, especialmente en distritos como Guayaquil, Samborondón y Durán, que con frecuencia aparecen en las noticias con hechos de sangre.

Expertos como Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, declaró al medio digital Ecuador Chequea que los resultados del primer semestre son insuficientes porque el Gobierno ha descuidado la implementación de políticas sociales.

En su opinión, el empleo de los militares es una medida de auxilio y herramienta populista, lo cual evidencia la ausencia de estrategias sólidas para combatir estos desafíos.