La COVID-19 ha aumentado la vulneración del Derecho Humano de las mujeres a una vida sin violencia

Una investigación realizada por Alianza por la Solidaridad-Action Aid en cuatro continentes revela cómo en los ocho meses transcurridos desde que comenzó la pandemia del SARS-COV-2, la situación de los derechos humanos de las mujeres ha empeorado en casi todos los países del mundo, mientras que sólo un 12% de los gobiernos ha tomado medidas para protegerlas.

El informe “Una respuesta liderada por mujeres” de Alianza por la Solidaridad-Action Aid recoge casos y datos aportados por sus socias y movimientos de mujeres de 8 países del mundo.

En Bangladesh, por ejemplo, redes de apoyo a las mujeres confirman un aumento del 345% en los casos de violencia física por razón del sexo y otro impactante aumento de la violencia en los campos de personas refugiadas Rohingya.

En Palestina, la organización ha visto incrementarse hasta un 700% la demanda de asesoramiento por parte de víctimas de violencia de género, mientras se cerraban servicios. En este caso, para contrarrestarlo, la ONG ha elaborado un manual para la atención vía telefónica, a la vez que se organizan formaciones online para que el apoyo se realice en las mejores condiciones.

En Bolivia, sólo hasta septiembre pasado (últimos datos oficiales) se contabilizan 125 feminicidios. Y en Colombia, son ya 209 mujeres y niñas las que han muerto por razón de su género este año (hasta el 25 de noviembre), según datos del Instituto Forense del país. En España, las peticiones de ayuda a los servicios de asistencia a víctimas de violencia de género aumentaron un 61,56% durante los meses de confinamiento con respecto al año anterior.

Con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos, que se celebra del 10 de diciembre, la organización denuncia el impacto que la pandemia está teniendo en derechos fundamentales, empezando por el derecho a la igualdad y a la vida. Ya antes de la pandemia, 137 mujeres eran asesinadas cada día en el mundo a causa de la violencia de género y se teme que ese número aumente en las estadísticas de 2020.

A ello se añade, que todas las pruebas recogidas indican que las mujeres son afectadas por la COVID-19 de manera específica por estar ocupando de manera mayoritaria empleos como trabajadoras de la salud, educadoras, cuidadoras y también frente al desempleo por la crisis económica derivada de la pandemia.

Además, la carga de cuidados en el ámbito doméstico sigue recayendo en las mujeres a nivel mundial. Con la crisis se han cerrado refugios a los que acudían y tribunales en los que denunciaban las agresiones, así como servicios de atención a los que podían recurrir en caso de requerir ayuda, lo que las ha dejado desamparadas.

Naciones Unidas estimaba la pasada primavera que se necesitan 6.710 millones de dólares para apoyar a los países con sus Planes de Respuesta Humanitaria a la COVID-19, de los cuales al menos unos 45 millones de dólares se necesitarán para combatir la violencia de género a nivel mundial.

Sin embargo, en mayo, no había ninguna mención específica de la violencia de género ni en el Observatorio de Políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que resume las respuestas económicas y sociales clave de 193 países a la pandemia, ni en las respuestas de protección social y laboral del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Hasta ahora, la ‘pandemia en la sombra’ de la violencia, la violación y el asesinato de mujeres sigue siendo la parte más ignorada y menos financiada del Plan Global de Respuesta Humanitaria para la COVID-19. A pesar del reconocimiento del problema de la violencia, se había comprometido menos del 0,3% de la financiación necesaria para su protección.

La situación no ha mejorado desde primavera. ONU Mujeres y el PNUD han detectado a través del Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19- que únicamente el 12% de los 135 países analizados ha puesto en marcha medidas específicas de protección social y laboral que cubren las necesidades de las mujeres.

En concreto, este rastreador ha analizado medidas que combaten la violencia de género, que apoyan el trabajo informal de las cuidadoras y que refuerzan la seguridad económica de las mujeres. Sólo 12 países han puesto en marcha medidas de los tres tipos, mientras que 25 no han tomado ni una sola.

Ante esta situación, Alianza por la Solidaridad-Action Aid considera prioritario que se adopten una serie de medidas, tanto a nivel global como nacional, que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, fundamentalmente la lucha contra la violencia de género, que constituye una flagrante transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal.

La organización realiza una serie de recomendaciones:

– Garantizar urgentemente las necesidades de financiación para que los recursos económicos lleguen, además, a las organizaciones locales de mujeres y a las redes de derechos de las mujeres que trabajan en la primera línea de las crisis.

– Clasificar urgentemente los servicios de violencia de género como servicios esenciales y asegurarse de que las fuerzas del orden, los servicios de salud y otros responsables de dar respuesta les den prioridad.

– Ampliar las medidas de protección social para trabajadores/as de los sectores económicos informales y agrícola, medios de vida mayoritarios de las mujeres

– Realizar investigaciones y análisis donde se desglosen los datos por género y se conozcan las necesidades específicas de mujeres en toda su diversidad, como primer paso para poder abordarlas. Se debe incluir la experiencia acumulada de las expertas en violencia de género en el análisis y en diseño de políticas y programas de prevención y respuesta.