Prensa Latina •  Internacional •  12/04/2025

Una jueza pide respuestas al Gobierno de EEUU sobre el hombre deportado por error

  • Ni su condición de custodia ni cuándo regresará, la jueza federal Paula Xinis no recibió hoy respuesta del Gobierno de Estados Unidos sobre Kilmar Abrego García, residente legal en Maryland y deportado por error a El Salvador.
Una jueza pide respuestas al Gobierno de EEUU sobre el hombre deportado por error

Menos de un día después del fallo de la Corte Suprema que exigió a la administración Trump facilitar el proceso de regreso de Abrego García, la jueza Xinis dijo este viernes después de una audiencia y en una orden escrita que el gobierno incumplió en ofrecer información al respecto.

Durante la sesión ante la magistrada de distrito en Maryland, el abogado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), Drew Ensign, evitó, de forma reiterada, las preguntas de la jueza sobre los pasos que se estarían tomando para asegurar el regreso de Abrego García.

El representante del DOJ admitió incluso en un momento que no tenía información sobre dónde se encuentra en este minuto el hombre de 29 años y padre de tres hijos.

“No estoy pidiendo secretos de Estado”, dijo Xinis después de que Ensign le dijera que no tenía detalles básicos sobre dónde está Ábrego García, reseñaron medios locales.

“Estoy haciendo una pregunta muy simple: ¿Dónde está?”, insistió la jueza en la audiencia, descrita como “tensa”.

Abrego García, de nacionalidad salvadoreña, fue deportado el 15 de marzo a una prisión de máxima seguridad en su país de origen por su presunta filiación con la pandilla MS-13.

“No hay evidencia hoy sobre dónde está”, apuntó la jueza al insistir que “eso es extremadamente preocupante”.

Xinis ordenó al gobierno que ofrezca actualizaciones diarias con respuesta a sus preguntas.

El viernes pasado, la jueza federal emitió una orden para que el gobierno -que admitió previamente la pifia- regrese a Abrego García, en respuesta a una demanda interpuesta por él y su familia que impugna la legalidad de su deportación.

Sus abogados escribieron que su defendido «nunca ha sido acusado ni condenado por ningún cargo penal, ni en Estados Unidos, ni en El Salvador, ni en ningún otro país».


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